La Defensoría del Pueblo advirtió que el Gobierno nacional no estaría cumpliendo con la cuota mínima de género establecida por la ley para garantizar la participación equitativa de mujeres en los altos cargos del Estado. El señalamiento se centra en la falta de representación femenina en ministerios, viceministerios y direcciones estratégicas, lo que ha encendido un debate sobre el compromiso del Ejecutivo con la equidad.
Según la Defensoría, la normatividad colombiana exige que, al menos, un 30 % de los cargos de decisión estén ocupados por mujeres. Sin embargo, tras los recientes nombramientos, las cifras muestran un déficit preocupante. La entidad recalcó que no se trata de una recomendación, sino de una obligación legal que busca garantizar la igualdad de oportunidades y cerrar las brechas históricas de discriminación.
Brecha evidente
El defensor del Pueblo explicó que en varios ministerios clave se observa un retroceso en la participación femenina. Actualmente, la composición del gabinete refleja que la mayoría de los despachos están en manos de hombres, mientras que las mujeres apenas ocupan algunos ministerios y oficinas de menor influencia.
Organizaciones feministas y colectivos de mujeres han respaldado la alerta de la Defensoría, señalando que el discurso del gobierno en favor de la equidad de género no se refleja en las designaciones reales. Para estas agrupaciones, el incumplimiento de la cuota de género es una muestra de que aún persiste la resistencia institucional frente a la participación plena de las mujeres en escenarios de poder.
El llamado también incluye a los entes territoriales, donde se evidencia una situación similar. Gobernaciones, alcaldías y secretarías departamentales y municipales siguen reproduciendo la exclusión, pese a la existencia de lineamientos nacionales y tratados internacionales que Colombia ha firmado en materia de igualdad de género.
Llamado urgente
La Defensoría instó al presidente Gustavo Petro y a sus ministros a corregir de inmediato la situación, nombrando a más mujeres en posiciones de liderazgo y cumpliendo con lo establecido por la ley. De no hacerlo, advirtió, el Estado colombiano estaría incurriendo en un incumplimiento que podría derivar en acciones judiciales y en la vulneración de derechos fundamentales.
Este pronunciamiento se suma a la presión de diversos sectores sociales que exigen al Gobierno coherencia entre sus políticas y sus decisiones administrativas. Para la Defensoría, garantizar la cuota de género no es solo un asunto legal, sino un compromiso ético con la democracia y la equidad.
Con este llamado, se reabre el debate sobre el verdadero alcance de la participación femenina en la política y la necesidad de pasar del discurso a los
