La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 020 de 2025 ante el fortalecimiento y expansión del Clan del Golfo —o Ejército Gaitanista de Colombia— y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), cuya disputa territorial pone en grave riesgo a 21 municipios en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar.
Según el organismo, el punto crítico se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde ambos grupos se enfrentan por el control de economías ilícitas. La alerta incluye a Santa Marta, Riohacha, Dibulla, Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación, Algarrobo, El Copey, Bosconia, El Paso, Valledupar, Pueblo Bello, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania.
La Defensoría advirtió que la población civil está quedando en medio del conflicto y enfrentando homicidios, secuestros, amenazas, torturas, extorsiones, utilización de explosivos, desplazamientos forzados y riesgo de reclutamiento, especialmente de jóvenes, quienes podrían ser víctimas de exterminio social.
Las ACSN mantienen control sobre zonas de Ciénaga, Santa Marta y Dibulla, mientras que el Clan del Golfo domina el resto de municipios afectados. La entidad también alertó sobre el peligro que enfrentan los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka, quienes podrían ser víctimas de confinamientos, restricciones a la movilidad y violencia directa.
Como respuesta, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, regionales y locales para implementar las 38 recomendaciones emitidas:
- 18 relacionadas con prevención del reclutamiento infantil, violencias basadas en género, trata de personas y exterminio social.
- 6 enfocadas en reducir la desigualdad y fortalecer la presencia estatal.
- 4 dirigidas al desmantelamiento prioritario de las estructuras criminales.
- 8 dedicadas a mejorar la coordinación interinstitucional.
La institución insistió en la necesidad de actuar con rapidez para evitar una escalada mayor del conflicto y garantizar la protección de las comunidades en riesgo.
