El proceso judicial por el asesinato del joven universitario Miguel Uribe, ocurrido en 2023 en Bogotá, sigue generando controversia. En las últimas horas, la defensa de alias Harold, uno de los señalados de participar en el crimen, interpuso un recurso de apelación para que se le otorgue la libertad.
Según sus abogados, la medida de aseguramiento que pesa en su contra carece de fundamentos suficientes y, por tanto, debería ser revocada. Alegan que no existen pruebas directas que lo vinculen al homicidio y que su detención preventiva se ha extendido por un tiempo excesivo, lo que constituiría una vulneración de sus derechos fundamentales.
El caso ha despertado un fuerte debate público, pues para la familia de la víctima y para la Fiscalía, alias Harold sería una pieza clave dentro del grupo delincuencial que planeó y ejecutó el ataque que acabó con la vida de Uribe.
Argumentos enfrentados
Mientras la defensa insiste en que no hay elementos materiales que prueben la participación de su cliente, el ente acusador sostiene que las evidencias recopiladas, entre ellas interceptaciones telefónicas y testimonios, lo ubican en el entorno criminal que actuó la noche de los hechos.
La Fiscalía subrayó que el acusado representa un riesgo para la sociedad y que su libertad podría entorpecer el proceso, afectando la recolección de pruebas y la seguridad de testigos. En contraste, la defensa recalca que se está aplicando una detención injustificada que desconoce el principio de presunción de inocencia.
Expectativa judicial
El recurso será evaluado por un juez de segunda instancia, quien decidirá si mantiene la medida de aseguramiento o, por el contrario, concede la libertad solicitada. La decisión es clave, pues podría redefinir el rumbo del proceso y generar reacciones en la opinión pública.
Familiares de Miguel Uribe expresaron su preocupación por la posibilidad de que uno de los señalados recupere la libertad. Reiteraron que lo más importante es que se haga justicia y que el crimen no quede en la impunidad.
Por su parte, colectivos ciudadanos y organizaciones de víctimas han pedido celeridad y transparencia en el caso, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia urbana en Bogotá.
En los próximos días, se espera que el juez emita su fallo, el cual marcará un nuevo capítulo en un proceso que mantiene en vilo a la capital del país.
