El abogado Mario Iguarán aseguró que el proceso judicial contra el padre Freddy no está justificado.
El pasado 2 de mayo se conoció que la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al sacerdote José Freddy Martínez por el delito de acceso carnal violento agravado, tras la denuncia de una mujer que desde sus 14 años de edad habría abusado de ella, aprovechando su posición de autoridad en la parroquia San Juan Bautista entre los años 2001 y 2007. Ante dicha denuncia, poco a poco el ente de control fue conociendo más víctimas de este personaje, testimonios que han sido claves para la investigación y así dictar su condena formal.
A pesar de las pruebas, el abogado defensor y exfiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, aseveró que el padre Freddy actualmente no ha sido condenado y que su proceso penal aún se encuentra en una fase de acusación dentro del procedimiento de la Ley 600 del año 2000. A través de un comunicado, Mario Iguarán Abogados Asociados cuestiona el procedimiento de la Fiscalía, pronunciamiento que ha generado indignación en la capital tolimense, ya que revela la complejidad de los procesos judiciales por abuso sexual, especialmente cuando implican líderes religiosos.
“Es falso que el padre Freddy haya sido condenado. Lo que hay es una resolución de acusación, que da paso al juicio ante un juez de la República, donde presentaremos nuestras pruebas de descargo”, aseveró el abogado.
Además, se conoció que de las cuatro denuncias iniciales que tiene el sacerdote, tres ya fueron desacreditadas por la misma Fiscalía, esto significa que el caso se reduciría a una sola supuesta víctima. No obstante, según Iguarán, esta persona expresó de manera voluntaria ante el ente de control correspondiente su decisión de abandonar el proceso, luego de incurrir en varias contradicciones en su declaración.
A su vez, el abogado aseguró que aún existe otro proceso contra el padre Freddy bajo el sistema penal acusatorio (Ley 906), caso que se encuentra en juicio. En ese trámite, se consiguió levantar la medida de aseguramiento al demostrar que el acusado no sería catalogado como un peligro ni para la comunidad ni para el funcionamiento de la justicia.
“Estos procesos han demostrado tener interés marcadamente económico. Hay demandas civiles por montos que ascienden hasta los diez mil millones de pesos”, manifestó.
Actualmente, el caso está siendo manejado por los jueces correspondientes, donde el abogado espera demostrar la presunta inocencia del hoy acusado ante los jueces y la opinión pública, ya que Iguarán aseguró que el proceso judicial no está construido con fundamentos sólidos.
“Estamos listos para presentar nuestras pruebas y mostrar que lo que ha habido aquí es una mentira construida con fines malintencionados”, concluyó.
