En medio del juicio por presunta manipulación y presión a testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su defensa ha radicado dos quejas formales contra la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. La controversia surgió cuando la magistrada autorizó que dos exparamilitares, Pablo Hernán Sierra y Carlos Enrique Vélez, rindieran sus testimonios de manera virtual, lo que ha generado una disputa legal que será resuelta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
El origen de la disputa
El conflicto comenzó cuando Pablo Hernán Sierra, excomandante paramilitar, solicitó declarar de forma virtual, argumentando que temía por su seguridad. La solicitud fue presentada en el marco del juicio contra Uribe, quien está siendo investigado por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la defensa del expresidente, encabezada por el abogado Juan Felipe Amaya, se opuso a la decisión, argumentando que no existían motivos suficientes para permitir que el testimonio de Sierra fuera virtual.
Amaya sostuvo que no había una justificación legal o de seguridad válida para que el testigo declarara a distancia, lo que generó la disputa con la jueza. Según la defensa, esta medida podría perjudicar el derecho a la defensa de Uribe, ya que no se estaba garantizando la correcta interacción entre el testigo y las partes del juicio.
La respuesta de la jueza
La jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, por su parte, defendió su decisión citando un fallo de la Corte Constitucional, que permite la declaración virtual de testigos cuando existen riesgos de seguridad. Según la jueza, esta situación aplica al caso de Sierra, quien, al igual que Uribe, enfrenta amenazas que justifican la modalidad virtual de su testimonio.
“La seguridad es un motivo de fuerza mayor que justifica la declaración virtual de testigos”, explicó la jueza. De acuerdo con su argumento, la solicitud de Sierra era similar a la situación del propio Uribe, quien también ha solicitado no asistir a las audiencias de manera presencial por razones de seguridad personal. En su fallo, la jueza comparó las amenazas que enfrentan ambos, asegurando que tanto el expresidente como Sierra tenían razones legítimas para no comparecer físicamente.
La autorización de los testimonios virtuales
Tras la explicación de la jueza, se permitió que Pablo Hernán Sierra continuara con su testimonio de forma virtual. La jueza ordenó que la conexión se realizara para continuar con el proceso. La decisión fue tomada en función de la protección a la integridad del testigo, sin menoscabar el derecho de las partes involucradas a participar en el juicio.
Poco después, el caso de Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, también fue abordado. Vélez, quien se encuentra recluido en la cárcel de Palmira, fue otro de los testigos que solicitó declarar de manera virtual. En su caso, la fiscal Marlene Orjuela presentó una solicitud similar, explicando que Vélez, quien ha mencionado haber recibido dinero del abogado Diego Cadena para “manejar la situación de su hijo enfermo”, también temía por su seguridad.
La jueza autorizó que Vélez pudiera rendir su declaración de manera virtual desde la cárcel de Palmira, lo que generó más controversia en el juicio. Sin embargo, la defensa de Uribe también mostró su desacuerdo, considerando que esta modalidad podría alterar el proceso y dar pie a interpretaciones erróneas sobre los testimonios.
Las quejas presentadas ante la Sala Penal
La defensa de Uribe no aceptó la resolución de la jueza y presentó un primer recurso de queja ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El recurso se interpuso después de que la jueza negara la apelación sobre su decisión de permitir los testimonios virtuales. El tribunal será el encargado de revisar los argumentos presentados por la defensa y determinar si las decisiones tomadas por la jueza son procedentes o si deben modificarse.
