El precio de resistir por el agua
La comunidad lo llamó un acto de resistencia; la Alcaldía, un operativo legal. Pero el pasado 8 de mayo, en el punto conocido como El Mortiño, Socha fue escenario de un choque entre legalidad institucional y legitimidad ambiental. Más de tres meses de protesta terminaron con la intervención de la fuerza pública, dejando seis personas conducidas y un territorio dividido.
Según los manifestantes, integrantes del colectivo Resistencia y Lucha por el Agua, su propósito nunca fue atacar el trabajo ni la minería, sino proteger el páramo de Pisba y las fuentes hídricas que abastecen el municipio. “Tenemos más de 200 bocaminas ilegales. El alcalde tenía orden judicial de cerrarlas hasta el 30 de abril y no ha hecho nada”, denunció Liliana Castellanos, líder ambiental.
La versión oficial: mesas, decretos y legalidad
Por su parte, el alcalde Óscar Hurtado sostuvo que se realizaron más de siete mesas de diálogo, con presencia de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la ANM y Corpoboyacá. Afirmó que la intervención se dio después de agotar el proceso del Decreto 003 y que todo ciudadano que se sintiera vulnerado podía denunciar. La comunidad, sin embargo, insiste en que esos espacios fueron “puro protocolo” y que nunca se escuchó la voz de quienes defienden el agua. Y, es que, él mismo menciono que un grupo de alrededor de 60 manifestantes no estaban permitiendo el ingreso del personal a «Carbones el Alizal».
Policía: sin UNDMO ni gases
Desde la Policía de Boyacá, se aseguró que no se usó el ESMAD, ni gases lacrimógenos, ni fuerza excesiva. Se empleó el DMA (Dispositivo Mínimo de Atención) para retirar a los manifestantes. Los seis conducidos fueron sancionados con comparendos por irrespeto a la autoridad, desacato y porte de elementos cortopunzantes (machetes), pero no fueron judicializados.
Pese a esto, la comunidad insiste en que hubo uso desproporcionado de la fuerza. “Traen mujeres, hombres y hasta un adulto mayor esposados como si fueran delincuentes. ¿El delito? Defender el agua”, agregó Castellanos.
Una mina varada y un conflicto que se estanca
Mientras la mina esta parada y el conflicto se empantana entre comunicados, reuniones fallidas y reclamos ciudadanos, la tensión crece en Socha. La administración afirma que actuó bajo la ley, pero la comunidad clama que su lucha fue legítima, pacífica y justa.
“Traen campesinos esposados como si fueran delincuentes. El único delito fue defender el agua”, denunció Liliana Castellanos, líder de la causa ambiental en El Mortiño, tras el operativo del pasado 8 de mayo.
¿Y el diálogo, para cuándo?
El fondo del problema no es solo ambiental, sino también social y político. El operativo dejó en evidencia una desconexión profunda entre las acciones institucionales, las necesidades comunitarias y la falta de un brazo a torcer, de un acuerdo. Y aunque desde la administración se repita que todo fue legal, la comunidad se pregunta: ¿De qué sirve el diálogo si no se escucha?
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