emisión del Decreto No. 4112.010.20.0078 de 2025, declarando la urgencia manifiesta para garantizar el transporte escolar de 20.510 estudiantes en 51 instituciones educativas, con especial énfasis en corregimientos como Pichindé y Navarro, donde la deserción alcanza el 25%.
La medida, respaldada por los departamentos administrativos de Gestión Jurídica Pública y de Contratación Pública, asegura que ningún niño quede excluido del sistema educativo por falta de acceso.
Ante el riesgo inminente de interrupción del servicio, el alcalde Eder movilizó a los equipos técnicos y jurídicos para implementar una solución ágil y ajustada a la ley.
“El alcalde fue claro: no podíamos permitir que trámites burocráticos retrasaran el transporte de los niños. Su exigencia de actuar con celeridad y legalidad fue clave”, destacó Ana Catalina Castro Lozano, directora de Gestión Jurídica Pública.
El decreto se fundamentó en el Artículo 42 de la Ley 80 de 1993, que permite la contratación directa cuando se compromete un servicio esencial como la educación. En ese contexto, se realizó un análisis exhaustivo para validar la urgencia, documentando las tasas de deserción y las barreras geográficas en zonas rurales.
“No se trata de saltarse normas, sino de cumplir con el deber constitucional de garantizar derechos. Los contratos ya están en manos de la Contraloría de Cali, tal como ordena el Artículo 43 de la Ley 80”, explicó Castro Lozano. Agregó que se recontrató temporalmente a los mismos operadores de 2024, asegurando 701 rutas con estándares previamente auditados.
La transparencia fue un pilar
Los 2.115 millones de pesos asignados, se ejecutarán bajo supervisión del Departamento Administrativo de Contratación Pública, con rendición de cuentas en plataformas oficiales.
“Cada peso está justificado. Trabajamos en equipo para que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan: los estudiantes”, remarcó la directora de Gestión Jurídica Pública.
