El Gobierno Nacional prepara un nuevo decreto que bloquea por completo la exportación de carbón colombiano hacia Israel. El documento de nueve páginas, al que tuvo acceso EL TIEMPO, modifica el Decreto 1047 de 2024 y elimina cualquier excepción para los envíos de hullas térmicas clasificadas bajo la subpartida arancelaria 2701.12.00.10. Decreto de Petro frena exportaciones de carbón y deroga permisos previos.
#Atento | El Gobierno publicó un borrador de decreto con el que busca prohibir las exportaciones de carbón hacia Israel. "Se prohíben, sin excepción, la totalidad de las exportaciones de las hullas térmicas (carbón)", se señaló en el comunicado pic.twitter.com/7RHANjmfdl
— Diario La República (@larepublica_co) July 29, 2025
El decreto entrará en vigor quince días después de su publicación en el Diario Oficial y permanecerá vigente hasta que se cumplan las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia sobre la situación en Gaza.
Petro ordena frenar barcos y apunta a responsabilidad internacional
El presidente Gustavo Petro ordenó a la Armada Nacional detener cualquier embarcación que transporte carbón hacia Israel. La instrucción surgió luego de que el buque Fortune zarpara desde Puerto Drummond cargado de mineral con destino al país de Medio Oriente.
“Debe citarse reunión con los sindicatos del carbón y autoridades indígenas afectadas. No debe salir una sola tonelada de carbón a Israel”, escribió Petro en su cuenta oficial. El mandatario también criticó a exministros por haber autorizado exportaciones bajo el decreto anterior.
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Impacto económico y político de la decisión
Israel es uno de los principales compradores del carbón colombiano, que representa más del 90 % de las exportaciones hacia ese país. En 2024, Colombia envió USD $272,8 millones en productos, principalmente minero-energéticos.

El Ministerio de Comercio argumenta que la medida responde a razones de seguridad nacional y derechos humanos. La decisión ha provocado debate político en el Congreso, donde representantes de la oposición cuestionan los efectos sobre la economía regional y los contratos con multinacionales como Drummond y Glencore.




