Inspector de policía presuntamente facilitó información y financió túneles ilegales.
En el occidente de Boyacá, las autoridades dieron un golpe significativo a las estructuras dedicadas a la minería ilegal con la operación “Fuego Verde”, ejecutada en los municipios de San Pablo de Borbur y Otanche. La acción fue liderada por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en articulación con la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación (Colombia), logrando la captura de cinco personas señaladas de integrar una red dedicada a la explotación ilícita de esmeraldas y delitos ambientales.
Según el director de Carabineros y Protección Ambiental, Carlos Oviedo, la intervención busca impactar las finanzas criminales que sostienen la minería ilegal. “Esta operación permite golpear de manera directa las rentas derivadas de actividades ilícitas que no solo afectan la economía, sino que generan un grave daño ambiental en la región”, señaló el oficial. Las autoridades estiman que la estructura habría obtenido ganancias superiores a 5.000 millones de pesos mediante la comercialización ilegal de esmeraldas, un negocio que operaba bajo la modalidad de socavón y que incluso abastecía mercados en el municipio y en la ciudad de Bogotá.
En el marco de la operación se realizaron diligencias de registro y allanamiento, incautando cuatro teléfonos celulares, tres taladros percutores y 30 millones de pesos en efectivo. Los elementos tecnológicos serán sometidos a análisis forense con el fin de esclarecer el alcance de la red criminal. Las cinco personas capturadas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimientos mineros, daño en los recursos naturales y ecocidio.
Las investigaciones también revelaron la presunta participación de un inspector de policía del municipio de San Pablo de Borbur, quien habría facilitado información a la organización, omitido actuaciones administrativas y desempeñado roles de financiador en túneles ilegales. Esta posible vinculación ha generado inquietud en la comunidad, que exige transparencia y sanciones ejemplares frente a cualquier irregularidad en la administración pública.
Las autoridades destacaron que la minería ilegal no solo alimenta estructuras criminales, sino que causa un impacto ambiental profundo, afectando fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos de Boyacá. El vertimiento de desechos derivados de la extracción ilícita deteriora la calidad del agua y compromete la biodiversidad de la región. “El compromiso institucional es proteger el medio ambiente y garantizar que los recursos naturales sean aprovechados de manera legal y sostenible”, enfatizó Oviedo.
La operación “Fuego Verde” se enmarca en la ofensiva contra delitos ambientales y demuestra el esfuerzo conjunto de las instituciones para desarticular redes criminales. Sin embargo, expertos advierten que la lucha contra la minería ilegal requiere acciones integrales que incluyan alternativas económicas para las comunidades y mayor control sobre la comercialización del mineral. Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar actividades sospechosas que pongan en riesgo los recursos naturales y la seguridad del departamento.
