La precandidata presidencial por el Frente Amplio del Pacto Histórico, Carolina Corcho, ha puesto en la mira a la Agencia Nacional de Tierras al denunciar un presunto caso de corrupción en sus procesos de adquisición y adjudicación de tierras. Según sus declaraciones, funcionarios de la entidad estarían exigiendo millonarias coimas a campesinos y víctimas del conflicto armado para agilizar trámites que, en teoría, deberían ser gratuitos y expeditos.
Denuncias
Las denuncias de Corcho fueron expuestas durante un encuentro con empresarios de la región, donde señaló que la corrupción en la Agencia Nacional de Tierras está afectando a quienes más necesitan acceso a la propiedad rural. En este contexto, hizo un llamado a la Fiscalía para que investigue a los responsables y a la entidad para que esclarezca estos presuntos actos irregulares.
Pero las críticas a la gestión de la Agencia no se detienen ahí. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, también ha manifestado su inconformidad con la compra de tierras improductivas por parte del Gobierno sin la debida consulta a las autoridades locales. Según la mandataria, estas decisiones han dificultado la planificación de programas de apoyo para los campesinos, dejando en el aire el objetivo de mejorar las condiciones del agro en la región.
Reacciones
Ante estas denuncias, la comunidad del Meta ha reaccionado con indignación, exigiendo mayor transparencia y acciones concretas para frenar posibles hechos de corrupción. Organizaciones campesinas y líderes sociales han reiterado la necesidad de una intervención inmediata por parte de los entes de control, ya que la situación pone en riesgo el acceso a tierras para poblaciones vulnerables y la implementación de políticas de restitución.
Mientras la polémica crece, se espera que las autoridades respondan a estas acusaciones y que la Agencia Nacional de Tierras brinde explicaciones sobre sus procedimientos, en medio de una crisis de confianza que sigue afectando a los sectores rurales del país.