La Justicia Especial para la Paz (JEP) emitió la primera decisión en el marco del macrocaso 001 —sobre secuestro, toma de rehenes y delitos asociados— que obliga al secretariado de las antiguas FARC a cumplir un programa de justicia restaurativa. La resolución obliga a los siete exlíderes a ejecutar, durante ocho años, labores orientadas a la reparación: desarticulación de campos minados, trabajos de cuidado ambiental, actividades de memoria y, de especial importancia para las víctimas, apoyo en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas —inicialmente en el Valle del Cauca y en el Huila.
Aunque varias víctimas han cuestionado la decisión por considerar las sanciones “blandas” frente a la gravedad de los hechos, para familiares de desaparecidos en Nariño la medida despierta una esperanza concreta.
Mariela Ortega, madre de Helen, una joven que desapareció hace 16 años tras haber sido engañada para trabajar en un restaurante y nunca más ser localizada, recibió la noticia con mezcla de alivio y dolor. “Se ha logrado que esta gente reconozca lo que hicieron… tendrán que trabajar arduamente estos ocho años para que se encuentren los restos de las personas que desaparecieron, porque ellos saben dónde están”, dijo Mariela entre lágrimas.
Desde la desaparición de su hija, Mariela ha sostenido sola a los tres nietos: uno en las Fuerzas Militares, otra hija que estudia peluquería y la menor próxima a graduarse del bachillerato. Hoy vende roscones y gelatinas en las calles de Pasto y visita con frecuencia la Fiscalía para preguntar por Helen. “Cada día me levanto con la esperanza de poder encontrar a mi hija… si no la encuentro viva, que por lo menos me digan: ‘estos son los restos que quedan de su hija’ y podamos darles cristiana sepultura”, afirmó.
La resolución de la JEP plantea así un reto operativo y simbólico: traducir medidas restaurativas en resultados palpables para las familias —ubicación de fosas, identificación de restos, verdad sobre los hechos— y hacerlo en tiempos que permitan cerrar heridas de décadas. Para muchas madres y familiares, la medida representa la primera posibilidad real de respuestas y justicia material después de años de búsqueda y silencio.