El Concejo de Neiva se prepara para abrir un nuevo escenario de control político que pone en el centro del debate a la Electrificadora del Huila, empresa que ha sido blanco de múltiples cuestionamientos por parte de la ciudadanía debido a los elevados valores reflejados en las facturas del servicio de energía. La iniciativa es liderada por el concejal Juan Sebastián Prieto, quien considera urgente que la empresa entregue explicaciones técnicas, claras y públicas frente a los incrementos registrados en los cobros.
De acuerdo con el cabildante, las constantes inconformidades de los usuarios no pueden seguir siendo ignoradas ni minimizadas. Prieto sostuvo que el debate permitirá conocer en detalle cómo se compone la tarifa, cuáles son los factores que han incidido en su aumento y qué decisiones administrativas han influido en el impacto económico que hoy enfrentan miles de familias neivanas y huilenses. A su juicio, la transparencia debe ser un principio innegociable cuando se trata de un servicio público esencial.
Puntos críticos
Uno de los puntos más críticos señalados por el concejal es la posibilidad de que costos derivados de una deficiente administración o de decisiones internas de la empresa estén siendo trasladados directamente a los usuarios. En ese sentido, fue enfático en afirmar que no resulta admisible que la ciudadanía asuma cargas económicas que no le corresponden, especialmente en un contexto marcado por dificultades financieras y un alto costo de vida.
El debate de control político buscará, además, revisar los procesos financieros y operativos de la Electrificadora del Huila, con el propósito de establecer si existen fallas estructurales, sobrecostos injustificados o prácticas que deban ser corregidas. Prieto insistió en que el objetivo no es deslegitimar a la empresa, sino garantizar que su funcionamiento responda a criterios de eficiencia, responsabilidad y respeto por la capacidad de pago de los usuarios.
Desde el Concejo se plantea que este ejercicio institucional permita no solo exigir explicaciones, sino también generar compromisos concretos orientados a mitigar el impacto de las tarifas, mejorar la comunicación con los usuarios y fortalecer los mecanismos de control interno. Para el cabildante, el debate debe traducirse en soluciones reales y no en respuestas evasivas. La propuesta ha comenzado a generar eco entre sectores ciudadanos que ven en el control político una herramienta clave para defender sus derechos como usuarios del servicio de energía.
