El concejal Luis Fernando Lavao votó de manera negativa el proyecto de acuerdo que pretendía comprometer, mediante vigencias futuras, los recursos destinados al agua potable y saneamiento básico del municipio. Su decisión se dio en medio de un debate en el Concejo Municipal, donde advirtió que la iniciativa podría generar consecuencias graves para la sostenibilidad financiera y social, especialmente en los sectores más vulnerables de la población.
Riesgos para los subsidios
Según explicó el cabildante, comprometer recursos a largo plazo destinados a servicios públicos esenciales representa un riesgo directo para los subsidios que benefician a los hogares de los estratos 1 y 2. Lavao señaló que estos apoyos son fundamentales para garantizar el acceso continuo al agua potable y al saneamiento básico, derechos que —dijo— no pueden quedar supeditados a decisiones financieras que limiten la capacidad de maniobra del municipio en el futuro.
El concejal advirtió que, de aprobarse el proyecto, se podría afectar la estabilidad de los programas sociales, ya que el presupuesto quedaría condicionado a obligaciones adquiridas por varias vigencias, reduciendo la posibilidad de atender nuevas necesidades o emergencias que enfrente la comunidad.
Decisiones responsables
Durante su intervención, Lavao insistió en que la administración municipal debe buscar alternativas responsables y sostenibles, que no comprometan el bienestar de la población ni pongan en riesgo la continuidad de los subsidios. Recalcó que el desarrollo no puede construirse a costa de sacrificar derechos básicos ni de debilitar la capacidad financiera del municipio.
El cabildante sostuvo que su voto negativo no obedece a intereses políticos, sino a un análisis técnico y social que prioriza la equidad y la protección de los recursos públicos. “El acceso al agua potable es un derecho fundamental y debe ser garantizado sin poner en riesgo a quienes más lo necesitan”, señaló.
Finalmente, Luis Fernando Lavao reafirmó su compromiso con la defensa del interés general, la justicia social y la vigilancia permanente de las decisiones que impactan directamente la calidad de vida de la comunidad, reiterando que el control político es clave para asegurar un manejo responsable del presupuesto municipal.
