Popayán atraviesa una nueva controversia política y presupuestal. Durante una sesión del Concejo Municipal realizada el 4 de noviembre de 2025, se desató una fuerte discusión entre la Secretaría de Hacienda, la Personería y varios concejales, debido a la forma en que se están calculando las transferencias legales para el funcionamiento de ambas entidades.
La secretaria de Hacienda, Juliana Sarmiento, defendió la metodología aplicada con base en el Manual 5.0 de Cálculo de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), adoptado por la Contraloría General mediante la resolución 143 de 2025. Explicó que este nuevo formato exige depurar los ingresos municipales restando rentas con destinación específica, como políticas públicas o transferencias ambientales, antes de aplicar los topes de la Ley 617 de 2000, que fija límites del 1,5% para el Concejo y 1,7% para la Personería.
Disputa por el porcentaje ambiental
El punto más polémico fue la inclusión de un 15% del impuesto predial destinado a la autoridad ambiental, cifra que según Hacienda alcanza los $12.900 millones y que, al descontarse, reduce significativamente el monto base de los ICLD. Para la Personería, ese cálculo es “aritméticamente inconsistente”, pues la aplicación del 15% debería hacerse solo sobre los recaudos de 2024 en adelante, no sobre vigencias anteriores.
El reclamo no es menor: la reducción de transferencias dejó a la Personería con un presupuesto de $2.779 millones, frente a los $3.178 millones aprobados inicialmente. “No se trata de un simple traslado interno; es una disminución que afecta la atención ciudadana”, advirtió la tesorera del organismo.
Solicitan intervención de la Contraloría
Varios concejales, entre ellos José Luis Diago, José Alexander Campo, Marco Gaviria, Julián Ausecha y Rosa Sinisterra, exigieron una mesa técnica urgente con la Contraloría General de la República para unificar criterios y evitar un posible desfinanciamiento institucional. Advirtieron que un error metodológico podría acarrear sanciones fiscales por incumplir los límites de gasto de la Ley 617.
