El Concejo Municipal de Popayán vivió una sesión el pasado martes 14 de Octubre, durante la socialización del proyecto de acuerdo que busca autorizar vigencias futuras ordinarias para 2026 y permitir la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), cuyo valor supera los topes legales establecidos. Aunque la Administración Municipal defendió la urgencia de estas solicitudes, los concejales exigieron mayor claridad técnica y jurídica, advirtiendo que podrían incurrir nuevamente en errores ya sancionados por la justicia.
Polémica por Infraestructura
La secretaria de Hacienda, Juliana Sarmiento, explicó que se adicionarán dos vigencias: una para la Secretaría de Gobierno, por $1.330 millones, destinada a atención de víctimas; y otra para la Secretaría de Infraestructura, por $202 millones, para financiar personal operativo en labores de bacheo, mantenimiento y atención de emergencias.
Sin embargo, la exposición encendió las críticas. Varios concejales afirmaron que la dependencia liderada por Gerardo Cruz no ha mostrado resultados visibles pese a los recursos que administra. “Popayán sigue llena de huecos, con vías en mal estado y obras sin avance. No entendemos cómo piden más dinero si no hay gestión clara”, señaló un cabildante.
Otros concejales cuestionaron la falta de planeación y el manejo operativo de la maquinaria, asegurando que los contratos directos no garantizan eficiencia ni transparencia. Las críticas apuntaron directamente al secretario Cruz, de quien se dijo que ha mostrado falta de liderazgo técnico y de ejecución real en territorio, lo que aumenta la desconfianza frente a nuevas asignaciones presupuestales.
Riesgos legales con el contrato del PAE
El otro foco del debate fue el Programa de Alimentación Escolar (PAE), cuyo contrato se estima en $12.232 millones, cifra que excede el límite de 5.000 salarios mínimos legales, lo que obliga a contar con autorización expresa del Concejo.
El concejal Daniel Leonardo Muñoz recordó que el año anterior un artículo similar fue objetado por la Gobernación y anulado por el Tribunal Administrativo del Cauca, precisamente por no tener soporte jurídico. “No podemos aprobar algo que ya fue declarado ilegal. Necesitamos claridad antes del primer debate”, insistió.
