La Fiscalía General de la Nación judicializó al exjuez penal militar Javier Ardila Arias, quien es investigado por una presunta exigencia de 40 millones de pesos a un capitán del Ejército Nacional en Caquetá. De acuerdo con el ente investigador, el dinero habría sido solicitado con el propósito de favorecer al uniformado dentro de un proceso judicial que se encontraba bajo conocimiento del entonces funcionario.
Los hechos investigados se remontan a abril de 2025, cuando Ardila Arias todavía ejercía como juez penal militar. Según la Fiscalía, el 7 de ese mes se habría encontrado con el capitán en una cantina de Florencia y, durante esa reunión, presuntamente le planteó la entrega del dinero. La supuesta solicitud habría sido reiterada tres días después, en un segundo encuentro.
Ante la insistencia, el oficial acudió a la Fiscalía y puso en conocimiento de las autoridades la situación. A partir de esa denuncia se inició la investigación que ahora compromete al exfuncionario judicial.
El expediente está relacionado con una operación militar desarrollada el 11 de marzo de 2025 en una zona rural de San José del Fragua. Durante el procedimiento fueron ubicados varios hombres que portaban armas y prendas de uso militar. Posteriormente, según las indagaciones, se habría determinado que correspondían a uniformados que reportaron coordenadas distintas al punto donde realmente se encontraban.
Por esta situación, un capitán y dos suboficiales quedaron vinculados a un proceso por los delitos de desobediencia y falsedad en documento público. Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de Ardila Arias durante el periodo en que desempeñaba funciones como juez penal militar.
La Fiscalía señaló que el exjuez no habría ordenado una medida de aseguramiento contra los tres militares y que la presunta solicitud de dinero estaría relacionada con un eventual beneficio para el capitán involucrado.
Ardila Arias fue imputado por el delito de concusión. La investigación continuará su curso y será la justicia la encargada de establecer si tuvo responsabilidad en los hechos que le atribuye el ente acusador.
