En una jugada que ha causado sorpresa y polémica, Sergio Israel Rojas Serrano, actualmente con detención domiciliaria por su presunta responsabilidad en un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de un ciudadano, demandó al Municipio de Neiva alegando que la prueba de alcoholemia que le practicaron en 2022 fue irregular.
El mismo hombre que, según las autoridades, conducía con grado 3 de embriaguez una camioneta particular cuando arrolló a dos ciclistas, dejando uno muerto y otro gravemente herido, ahora se presenta ante la justicia como víctima de una supuesta falla en el procedimiento de tránsito.
El accidente cambió todo
El 17 de julio de 2022, en el barrio Las Mercedes de Neiva, se reportó un accidente en el que un conductor resultó herido. Las autoridades ubicaron una camioneta Ssangyong negra, placas RDM-815, fuera de la vía y al conductor en el CAI Cándido, donde confirmaron que se trataba de Rojas Serrano.
La prueba de alcoholemia, según el informe del agente Donny Mauricio Fierro Mendoza, arrojó un resultado positivo, con un nivel de 1,12 mg/10ml, lo que equivale a grado 3 de embriaguez. Basados en la Ley 1696 de 2013, los agentes procedieron a imponer una sanción, retener la licencia y levantar el respectivo comparendo.
La demanda
Pero dos años después, Rojas Serrano se defiende. Mediante una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, asegura que la prueba fue mal realizada, sin las explicaciones de rigor, sin los formatos correctamente diligenciados y, lo más grave según su abogado, sin la presencia del agente Fierro en la audiencia requerida, lo cual consideran una vulneración al debido proceso.
“Mi cliente no se negó a la prueba, simplemente tuvo dificultad para soplar por problemas respiratorios”, sostiene la defensa, que además asegura que el procedimiento fue apresurado y que los documentos no fueron firmados, lo cual pone en duda su validez.
Lo que exige
La demanda fue admitida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva. En ella, Sergio Rojas solicita la anulación de las resoluciones emitidas por la Secretaría de Movilidad, la eliminación del comparendo y la restitución de su licencia. Pero no para ahí: también pide una indemnización de más de 62 millones de pesos por perjuicios derivados de lo que considera una sanción arbitraria.
¿Justicia o estrategia?
Mientras la familia de la víctima aún busca respuestas por la pérdida, Rojas Serrano intenta limpiar su historial, no solo en el papel, sino también en lo económico. Ahora, el pulso legal está en manos de los jueces, quienes deberán determinar si hubo realmente una falla del Estado… o si se trata de una maniobra para eludir las consecuencias de un acto fatal.
