De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Medicina Legal citados por El Espectador, son quince los menores de edad que han muerto en operaciones aéreas ordenadas por el presidente Gustavo Petro.
Aunque el titular de la nota habla de “siete bombardeos que causaron las muertes de 25 niños”, el recuento real es complejo: parte de estas muertes corresponden a otros hechos investigados, y las cifras oficiales varían.
Investigaciones y cuestionamientos institucionales
- La Procuraduría General de la Nación ya abrió al menos cinco indagaciones preliminares para determinar si en estos operativos se violaron normas del DIH.
- Además, la Justicia Penal Militar también impulsa una investigación por un bombardeo reciente en Guaviare, en el que murieron siete menores.
El bombardeo de Guaviare, el más polémico
El 10 de noviembre de 2025 se realizó un bombardeo en el municipio de Calamar (Guaviare) contra la disidencia de las FARC liderada por Iván Mordisco. En esa operación murieron 20 personas, de las cuales siete eran menores de edad, según confirmaciones de la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal.
Para Petro, la operación era necesaria: argumentó que existía un riesgo real de emboscada contra 20 soldados por parte de 150 combatientes, y dijo que asumía personalmente la decisión por el peligro.
Sin embargo, defensores de derechos humanos han cuestionado la proporcionalidad y la distinción de la acción, claves del DIH, especialmente en un contexto donde hay jóvenes reclutados por la disidencia.
Cambio de discurso y doble rasero en la polémica
Este episodio ha sido particularmente duro para Petro, ya que en su pasado como senador criticó duramente a sus predecesores —como Duque— por muertes similares de niños en bombardeos, al calificarlas de “infanticidio”.
Ahora, desde el poder, se defiende diciendo que ha actuado dentro del marco legal y que sus operaciones están supeditadas al DIH, aunque muchos lo acusan de contradicción política.
Un debate que vuelve a encenderse
Organismos de control y derechos humanos insisten en que la muerte de menores reclutados no justifica acciones militares sin mayores garantías. Y la crisis no solo es militar: el bombardeo ha generado fricciones políticas incluso entre los aliados del Gobierno, mientras se exige mayor responsabilidad y transparencia en la estrategia de seguridad.
