La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió en el sistema de justicia transicional a Javier Alfredo Valle Anaya, quien fue subdirector regional del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Santa Marta, Magdalena.
Valle fue condenado en 2017 a 40 años de prisión en la justicia ordinaria por haber participado en el asesinato del sociólogo, docente universitario y sindicalista Alfredo Correa de Andréis y de su escolta, Edelberto Ochoa Martínez, en 2004.
El exsubdirector le presentó a la Jurisdicción un “Compromiso Claro, concreto y Programado”, un mecanismo con el que diversos actores del conflicto armado le dicen a la JEP que quieren someterse a cambio de entregar verdad o bienes.
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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas valoró el Compromiso y, aunque consideró sus aportes a la verdad muy generales y “sin mayor riqueza descriptiva”, aseveró que tienen potencial para ser clave en la descripción de patrones de macrocriminalidad.
Es decir, para la Sala, lo dicho por Valle puede “impactar positivamente” en la investigación sobre la connivencia de agentes estatales con grupos paramilitares, especialmente para perseguir a líderes sociales con base en señalamientos falsos.
Alfredo Rafael Francisco Correa de Andréis fue, además de profesor, integrante de la Asociación Sindical de Profesores e la Universidad Simón Bolívar (Asoprosimbol). En 2004 fue acusado por el Estado, con mentiras, de colaborar con las hoy extintas Farc.
En aquel entonces el DAS, en cabeza de Jorge Noguera, elaboraba listados de personas a las que señalaba por supuestos apoyos a la guerrilla. Las personas perfiladas luego eran asesinadas por paramilitares del Bloque Norte con el auspicio de la Fuerza Pública.
Javier Valle, como fue parte de ese entramado, podría entregar información de interés para el macrocaso 08, con el que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP investiga crímenes cometidos por el Estado en asociación con el paramilitarismo.
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Aunque la JEP admitió en sus filas a Valle Anaya, no le concedió el beneficio de libertad “transitoria, condicionada y anticipada”. La condición para liberarlo en el futuro es que amplíe su verdad y ofrezca garantías “aceptables” para las víctimas.
El exdirectivo del DAS se encontraba en Estados Unidos desde 2005. En 2018, luego de su condena, las autoridades migratorias norteamericanas lo capturaron. Su deportación a Colombia se concretó en 2002, y desde entonces permanece preso.
