Ospina Loaiza, quien permanece recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá desde su captura, deberá cumplir la pena impuesta tras las rejas sin beneficio de casa por cárcel. Además, la sentencia incluyó una multa equivalente a 1.528 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2022.
De acuerdo con la fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción a cargo del caso, Ospina Loaiza actuó como intermediaria en el entramado ilegal liderado por el exsenador Mario Castaño Pérez, quien fue señalado de coordinar las actividades del grupo criminal conocido como ‘las marionetas’ y se sometió a una sentencia anticipada ante la Corte Suprema de Justicia.
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Durante años, el entonces senador, uno de los dirigentes políticos más reconocidos del Eje Cafetero, aprovechó su cargo para montar una verdadera empresa criminal. ‘Las marionetas’ se dedicaban a rastrear todo tipo de contratos de obra pública, recreación y prevención del riesgo, con complicidad de alcaldes y aprovechando su influencia, para quedarse con ellos a cambio de coimas y embolsillarse millonarias sumas de dinero.
Las pruebas presentadas durante la investigación demostraron que Ospina Loaiza gestionó una parte de los fondos obtenidos de manera irregular, facilitó el pago de sobornos, distribuyó las ganancias entre los miembros de la organización delictiva. Además, utilizó sus cuentas bancarias para recibir dinero producto de las actividades ilícitas del grupo.
Las pesquisas también revelaron que la ahora condenada experimentó un aumento significativo en su patrimonio, ascendiendo a 60 millones de pesos, debido a su participación en actividades ilegales. Además, suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con el Congreso de la República por valor de 20 millones de pesos; sin embargo, no cumplió con las tareas acordadas. Como resultado del acuerdo previo, Ospina Loaiza reembolsó la suma de $80.950.000.
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La red, que se calcula se apropió de más de 70 mil millones, se ha venido desintegrando y ahora le llegó el turno a la entonces novia del excongresista. En una audiencia ante un juez de control de garantías en octubre de 2022, la fiscal del caso imputó a Ospina Loaiza el delito de peculado por apropiación, cargo que ella aceptó. Así mismo, la mujer manifestó su intención de también reconocer el delito de concierto para delinquir que le imputó la Fiscalía en marzo del año pasado, cuando fue capturada y judicializada.
Ahora la justicia también se enfoca en la esposa de Castaño, Gloria Lucía Betancur, a quien se le han identificado más de 25 activos que superan los 13.000 millones de pesos. Esta suma resulta incomprensible en relación con sus ingresos, lo que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en su contra.
