Renzo García y Marco Hincapié enfrentan demandas que buscan anular su elección en la Cámara.
La permanencia de los representantes a la Cámara Renzo Alexander García y Marco Emilio Hincapié está en manos del Consejo de Estado, que estudia dos demandas que buscan tumbar sus elecciones para el periodo 2026-2030.
Las acciones judiciales, interpuestas por los abogados Jorge Mario Pérez Solano y Javier Rodríguez Figueroa, abrieron un escenario de incertidumbre jurídica que podría cambiar por completo el mapa político del departamento. No se trata de un solo proceso, sino de dos frentes legales que coinciden en un mismo objetivo: dejar sin efecto la elección de ambos congresistas.
Doble militancia
Uno de los principales argumentos de las demandas está relacionado con la presunta doble militancia. Según los demandantes, tanto García como Hincapié pertenecían al movimiento Colombia Humana, pero se presentaron a las elecciones bajo el aval del Pacto Histórico. En ese sentido, se cuestiona que no habrían cumplido con el requisito legal de renunciar a su militancia anterior con al menos 12 meses de anticipación, como lo exige la norma. Este punto se convierte en uno de los ejes centrales del proceso, ya que, de comprobarse, podría invalidar su elección.
El debate no solo es jurídico, sino también político, pues pone en tela de juicio la forma en que se consolidaron las alianzas dentro de la coalición que los llevó al Congreso. El segundo frente de las demandas apunta a una posible violación de los límites de coalición. Según los argumentos expuestos, la alianza entre Colombia Humana y el Pacto Histórico en el Tolima habría superado el umbral del 15% de los votos válidos de la elección anterior, lo que, en teoría, les impediría presentarse como una lista conjunta.
Decisiones
Ante este panorama, los demandantes solicitaron la suspensión provisional de los efectos del acto de elección, lo que podría sacar temporalmente a los congresistas de sus curules mientras avanza el proceso. La decisión ahora está en manos de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que deberá analizar las pruebas y determinar si procede o no la nulidad electoral.
De prosperar estas demandas, el Tolima enfrentaría un remezón político de grandes proporciones, con efectos directos en la representación regional y en el equilibrio de fuerzas dentro del Congreso.
