El miércoles 23 de abril, el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó 15 días de arresto domiciliario contra la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda Rivera, por desacatar una orden judicial que la obligaba a gestionar la reubicación de varias familias del sector de Hato de la Virgen. Según el fallo emitido por el magistrado José Andrés Rojas, la mandataria no habría cumplido con lo dispuesto por un juzgado en relación con el traslado del predio conocido como ‘La Pista’ y la finalización de un proyecto urbanístico en el barrio El Reposo.
“La Dra. Johana Ximena Aranda Rivera, en su calidad de alcaldesa municipal de Ibagué, incurrió en desacato respecto a las órdenes impuestas en requerimientos del 20 de febrero de 2025, dentro del proceso de la referencia (…) Como consecuencia de los anterior, sancionar a la alcaldesa municipal de Ibagué con 15 días de arresto intramural. La sanción deberá cumplirse en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Ibagué, y empezará al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva.”, reza lo que resuelve el documento de la sentencia.
El fallo señaló que el silencio de la Administración Municipal ha dificultado la evaluación del cumplimiento de las medidas judiciales, vulnerando derechos fundamentales como el acceso a vivienda digna, un ambiente sano y la seguridad de la comunidad. Además, el magistrado cuestionó la actuación del equipo jurídico de la Alcaldía por no responder con prontitud a las acciones de tutela ni a los múltiples incidentes de desacato interpuestos contra la funcionaria.
Su versión
Ante la repercusión mediática y política de la decisión, el gobierno local se pronunció públicamente el jueves 24 de abril. A través de un comunicado oficial, la Alcaldía aseguró que ha actuado con diligencia en este proceso judicial que, según explicó, se remonta al año 2001.
“Este es un proceso que tiene más de dos décadas, con dificultades estructurales y presupuestales que vienen de administraciones anteriores. Aun así, hemos destinado más de 7.000 millones de pesos para construir 158 viviendas dirigidas a la población afectada en Hato de la Virgen”, indicó el comunicado.
La Administración aclaró también que la orden de arresto no implica la pérdida inmediata de la libertad de la mandataria, ya que se han interpuesto los recursos legales correspondientes para apelar la medida ante las instancias superiores.
Mientras que el Tribunal considera que no se ha dado respuesta efectiva a los requerimientos legales, el gobierno municipal insiste en que ha dado pasos concretos dentro de sus posibilidades. La Alcaldía sostuvo que continuará avanzando en las obras de vivienda y en la atención de la población vulnerable, al tiempo que señaló la necesidad de mantener la gobernabilidad en un contexto desafiante, marcado también por la emergencia de salud pública ocasionada por la fiebre amarilla.
