Con la participación de líderes, víctimas y organizaciones sociales del resguardo indígena del Gran Mallama, culminó en Mallama, Piedrancha, la etapa de preconsulta dentro del proceso de paz territorial que adelanta el Gobierno Nacional con Comuneros del Sur.
Inicio
El encuentro marcó el inicio de un diálogo histórico que abre el camino hacia la creación de una zona de ubicación temporal, considerada un paso fundamental en la consolidación de la paz territorial en el departamento de Nariño.
Durante la jornada, se socializó el marco jurídico de la consulta previa, se presentó el proyecto y se definió la metodología del proceso participativo. Este ejercicio busca recoger las voces y propuestas de cada territorio.
La metodología incluye encuentros programados para los días 13, 14 y 15 de noviembre en distintos sectores del resguardo, con el propósito de garantizar la participación amplia de comunidades, corregimientos y veredas.
Experiencia
Las víctimas del conflicto armado tuvieron una presencia destacada y asumieron un papel esencial al exigir inclusión en la mesa de paz, aportar su experiencia y reivindicar su derecho a ser parte de las decisiones que definirán el futuro del territorio.
Carlos Erazo, delegado del Gobierno Nacional, resaltó la importancia de esta fase preparatoria. “El proceso de paz territorial no puede construirse sin las comunidades. La preconsulta permite abrir caminos de entendimiento y concertación para avanzar”.
El gobernador del resguardo indígena, Édgar Ramiro Velásquez, manifestó: “Apostamos por la paz territorial; queremos que nuestros jóvenes tengan oportunidades, educación, salud y trabajo para que nunca más deban tomar el camino de la guerra”.
Carlos Arturo Mora, subdirector de Gestión de Consulta Previa del Ministerio del Interior, afirmó: “Este proceso marca un hito histórico al ser la primera consulta previa en Colombia para la creación de una zona de ubicación temporal dentro de un proceso de paz”.
En las reuniones programadas se evaluarán los impactos del proyecto y se garantizará que los acuerdos reflejen los intereses y derechos de la comunidad con el fin de que las acciones puedan continuar a buen término.
