Una serie de cuestionamientos rodea un contrato por $34.729 millones destinado,
presuntamente, al mejoramiento de la vía que comunica el sector de Puerto Lucas con el
caño Sardinata-Maracaibo, en el municipio de Vistahermosa, Meta.
Información
De acuerdo con la información conocida, el contrato habría sido financiado con recursos de
regalías y contemplaría un anticipo equivalente al 50% del valor total, es decir, cerca de
$17.364 millones. El proceso se habría iniciado el 2 de febrero de 2026.
Uno de los aspectos que genera interrogantes es la participación de la empresa de
economía mixta Servicios Integrales del Estado de Pasto, Nariño, como entidad encargada
del proceso contractual. Según los cuestionamientos conocidos, su participación se habría
dado mediante una modalidad de solicitud privada, tanto para la ejecución de la obra como
para la interventoría.
La información también señala que las propuestas presentadas en el proceso habrían
registrado valores cercanos a los $34.729 millones establecidos para el contrato, situación
que ha generado dudas sobre la forma en que se estructuró la convocatoria y se
determinaron los precios.
Otro de los interrogantes está relacionado con la designación de Servicios Integrales del
Estado para administrar o ejecutar los recursos. Hasta ahora, según los cuestionamientos
planteados, no se habría identificado públicamente una resolución que explique de manera
clara dicha designación.
Investigación
También se han puesto bajo la lupa los criterios utilizados para la evaluación de las
propuestas, debido a que, según la información difundida, algunos puntajes y valores
presentarían similitudes. Estos elementos, por sí solos, no permiten establecer la existencia
de una irregularidad, pero han motivado solicitudes de explicación sobre el procedimiento
utilizado.
A las dudas contractuales se suman imágenes y videos que mostrarían el estado actual de
algunos tramos de la vía. En el material conocido se observa una carretera que presentaría
deterioro, pese a que el contrato ya habría comenzado y se habría realizado la entrega del
anticipo.
La situación ha generado cuestionamientos sobre el avance real de una obra financiada con
recursos públicos y sobre la destinación de los millonarios recursos comprometidos.
Los señalamientos no permiten concluir, por ahora, que se hayan cometido delitos o
irregularidades administrativas. Será necesario que las entidades responsables expliquen el
proceso, la modalidad de contratación, la designación de la empresa, el manejo del anticipo
y el avance físico de la obra.
