La concejal Liliana del Pilar Mosquera avivó el debate político en el municipio de Baraya tras impulsar la proposición Nº 11, iniciativa con la que abrió formalmente un espacio de control político alrededor del proceso de entrega y adjudicación de tierras en la jurisdicción. La propuesta llevó el tema al centro de la discusión pública, en un contexto donde el acceso a la tierra continúa siendo una de las principales demandas del sector rural.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, el balance del proceso es positivo, resaltando la adjudicación de 2.347 hectáreas a cinco organizaciones campesinas, acción que el Gobierno Nacional presenta como un avance en materia de justicia social y reparación histórica. Sin embargo, Mosquera advirtió que, detrás de las cifras oficiales, existen inconsistencias administrativas, vacíos de información y una preocupante falta de transparencia en la selección de los beneficiarios.
La concejal cuestionó la posible inclusión de personas ajenas al territorio y pidió explicaciones claras sobre los criterios utilizados, los costos asociados al proceso y la trazabilidad de los recursos públicos invertidos. Estas inquietudes encontraron eco en la comunidad, que respalda el llamado a la vigilancia institucional y exige garantías de que la tierra quede realmente en manos de campesinos locales.
Mientras el Gobierno defiende los resultados como un paso firme hacia la equidad rural, el control político planteado busca asegurar que los anuncios se traduzcan en procesos justos, verificables y acordes con las necesidades reales del territorio.
