Una captura clave en medio de crecientes denuncias
La Policía Nacional logró recientemente capturar a cuatro personas en Duitama, señaladas de intimidar y robar a ciudadanos en diferentes sectores del municipio. Los operativos se realizaron durante labores de registro, control y patrullaje, en respuesta a las múltiples denuncias que ha venido haciendo la ciudadanía en torno al incremento de hechos delictivos.
Según el informe oficial, los implicados habrían cometido hurtos bajo amenazas, utilizando intimidación verbal o elementos no especificados para despojar a sus víctimas de sus pertenencias.
Tres con medida de aseguramiento: un paso adelante, pero no suficiente
De los cuatro capturados, tres fueron presentados ante la autoridad competente y recibieron medida de aseguramiento. Esto significa que, tras el análisis de las pruebas recolectadas por la Policía, un juez de control de garantías consideró que existían motivos fundados para mantenerlos privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
Pero aquí es donde surge la gran preocupación ciudadana:
¿Este será un paso firme hacia la justicia o simplemente una antesala para que vuelvan a las calles?
Lo que dice la ley: el robo y sus castigos
De acuerdo con el Artículo 239 del Código Penal Colombiano, el delito de hurto se castiga con penas de entre 32 y 108 meses de prisión, dependiendo del valor de lo robado y la modalidad del acto. Además, si se comprueba que hubo intimidación o amenazas, como parece haber ocurrido en este caso, se configura un hurto calificado o agravado (Art. 240), aumentando significativamente la pena.
Así mismo, las amenazas constituyen un delito autónomo, tipificado en el Artículo 347, que sanciona con cárcel a quien intimide a otro con causar un mal que pueda afectar su integridad o patrimonio.
La captura es solo el inicio, que no los devuelvan a las calles es el objetivo
Que la Policía haya actuado con rapidez y eficacia es una noticia que vale la pena destacar. Pero también es cierto que la verdadera batalla comienza ahora: en los estrados judiciales. Porque de nada sirve capturar si el sistema judicial devuelve a los delincuentes a la calle al poco tiempo.
Es allí donde los ciudadanos exigen un mensaje claro: quien roba, quien amenaza, quien atemoriza a una comunidad entera, debe pagar las consecuencias. No basta con un arresto fugaz o una audiencia superficial. Se necesita una respuesta judicial proporcional, contundente y ejemplarizante.
¿Y la comunidad? También tiene un papel clave
No todo recae en las autoridades. La comunidad también tiene la responsabilidad de denunciar, de no callar, de estar alerta. Las redes sociales pueden visibilizar, pero las denuncias formales son las que permiten actuar.
Cada captura comienza con una alerta. Y cada proceso judicial se fortalece con pruebas, testimonios y seguimiento constante.
Entre la captura y la justicia, no puede haber espacio para la impunidad
La inseguridad en la capital cívica no es un invento. Y este tipo de hechos son prueba de que el miedo de los duitamenses tienen fundamentos. Pero así como se exige respuesta policial, también es momento de exigir justicia sin contemplaciones.
Porque si estos delincuentes vuelven a las calles sin haber pagado por lo que hicieron, el mensaje será claro: robar y amenazar en Duitama no tiene consecuencias.
Y eso, ni la ciudadanía ni las víctimas están dispuestas a aceptarlo.
