El departamento del Cauca continúa siendo el territorio más afectado por el reclutamiento
de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en Colombia, de
acuerdo con el más reciente informe presentado por la Defensoría del Pueblo. El organismo
reveló que durante 2025 se identificaron 419 casos en el país, de los cuales 187 ocurrieron
en el Cauca, convirtiéndolo en el departamento con mayor número de víctimas.
En el departamento del Cauca, el reclutamiento forzado de menores continúa siendo una de
las principales problemáticas derivadas del conflicto armado. Aunque las modalidades han
evolucionado, los grupos armados ilegales siguen recurriendo a diferentes estrategias para
captar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ejerciendo control sobre las comunidades y
los territorios. Además de las amenazas y la intimidación, emplean mecanismos como el
uso de redes sociales, falsas promesas de dinero, reconocimiento y mejores oportunidades,
aprovechando las condiciones de vulnerabilidad generadas por la pobreza, la violencia y la
escasa presencia del Estado en varias zonas del departamento.
Según el balance, el 57 % de los casos registrados correspondió a niños y adolescentes,
mientras que el 43 % involucró a niñas y adolescentes. Asimismo, el informe señala que el
50 % de las víctimas pertenecía a comunidades indígenas, el 44 % no se reconocía dentro
de ningún grupo étnico y el 6 % correspondía a población afrocolombiana.
Grupos armados
La Defensoría identificó al Estado Mayor Central como el principal responsable de estos
hechos, al concentrar el 43,4 % de los casos reportados durante 2025. En la lista también
aparecen otros grupos armados ilegales, entre ellos disidencias sin identificar, el ELN, el
Estado Mayor de los Bloques y Frentes, el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y los
Comandos de Frontera.
El defensor del Pueblo Regional Cauca, Daniel Eduardo Molano Piamba, destacó el papel
que han desempeñado las comunidades en la protección de niñas, niños y adolescentes
frente al riesgo del reclutamiento forzado. Señaló que las guardias indígenas, las
autoridades étnicas, las familias, las organizaciones comunitarias y los defensores de
derechos humanos han asumido labores de prevención, búsqueda y acompañamiento, pese
a las limitaciones de seguridad y a los constantes riesgos que enfrentan al intentar impedir
que los menores sean vinculados por grupos armados ilegales.
No obstante, Molano Piamba advirtió que la respuesta institucional continúa siendo
insuficiente y, en muchos casos, tardía o fragmentada, por lo que insistió en que la
protección de la niñez no puede recaer únicamente sobre las comunidades. En ese sentido,
señaló que prevenir el reclutamiento requiere fortalecer las capacidades locales, garantizar
el acceso efectivo a la justicia y ampliar las oportunidades educativas, laborales, culturales y
comunitarias para niños y adolescentes, complementando las acciones de seguridad con
políticas sociales integrales que reduzcan los factores de riesgo.
