La crisis humanitaria que azota al Cauca a raíz del conflicto armado con el ELN ha alcanzado niveles alarmantes, poniendo de manifiesto la inseguridad que impera en la región. El reciente caso del secuestro de Alexis Miguel Pisso, ocurrido desde el 26 de diciembre pero conocido por su familia recién el 11 de enero, ilustra la gravedad de la crisis.
Claudia Pisso, hermana de la víctima, relata con angustia que a pesar de los esfuerzos de la familia por realizar las diligencias pertinentes, las autoridades no han proporcionado información concreta ni avances sustanciales en la investigación. La notificación a la Cruz Roja para la prueba de supervivencia no ha arrojado resultados, y la familia se enfrenta a la incertidumbre mientras las autoridades solo les instan a tener paciencia.
La falta de presión gubernamental se evidencia desde el inicio de los hechos, agravada por el asesinato del amigo de la víctima, un suceso que despertó la conciencia de la población ante esta situación. La hermana, lanza un llamado desesperado al gobierno, cuestionando cómo es posible que en medio de un diálogo por la paz con el ELN y las disidencias de las FARC, se perpetren actos de violencia como el secuestro del estudiante.
En medio de un supuesto cese al fuego, la incertidumbre respecto a la seguridad de los ciudadanos se incrementa, y la pregunta crucial resuena: ¿por qué individuos como Alexis, que solo busca su formación académica, son víctimas de retenciones ilegales? La súplica de la familia es clara: se exige una presión mayor por parte de las autoridades para dar con el paradero de la víctima y comprender el sufrimiento que están experimentando.
Estas situaciones afectan a toda la población, independientemente de su relación con el conflicto armado. Tanto campesinos como indígenas se ven presionados por la violencia que persiste en la región, dejando en evidencia la urgente necesidad de una respuesta efectiva por parte del Estado para abordar la crisis que golpea al Cauca.
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