Sacerdotes del Chocó denuncian que la paz aún no es una realidad para comunidades indígenas y afrodescendientes, que siguen viviendo bajo violencia, desplazamientos forzados y ausencia del Estado. Exigen que la reconciliación incluya acceso real a salud, educación y justicia territorial.
Chocó — septiembre de 2025.
En una reciente entrevista, los sacerdotes colombianos Albeiro Parra y Johnny Milton Córdoba, reconocidos por su labor en derechos humanos, advirtieron que, a pesar de los acuerdos de paz firmados en 2016, las comunidades indígenas y afrodescendientes de Chocó siguen estando en condiciones críticas debido a la violencia persistente, faltas institucionales y amenazas constantes.
Principales denuncias
- Las poblaciones enfrentan desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamientos ilegales por grupos armados ilegales que operan en territorios con poca presencia estatal.
- Falta de acceso adecuado a servicios básicos como salud y educación, lo cual agrava la vulnerabilidad de niños, mujeres embarazadas y personas mayores.
- Amenazas constantes a líderes sociales y defensores de derechos humanos, que ya llevan años acompañando a comunidades bajo riesgo.
Contexto institucional y propuestas
- Parra y Córdoba respaldan la política de “paz total” promovida por el gobierno, pero advierten que requiere de un compromiso real del Estado para atender las necesidades estructurales más allá del enfoque militar.
- Exigen mayor presencia estatal en zonas rurales: carreteras, puestos de salud, escuelas funcionales, justicia comunitaria y garantías de libre tránsito sin persecución o miedo.
- Llaman a la cooperación internacional, el fortalecimiento de la protección legal y presupuestal de defensores de derechos humanos y una política pública más transparente y efectiva.
La voz de los curas defensores de derechos humanos sirve de alerta: la paz no puede reducirse a acuerdos firmados en oficinas si en territorios como Chocó persisten condiciones de abandono, violencia y desprotección. Para que la reconciliación sea auténtica, el Estado debe moverse de la retórica a acciones concretas que generen confianza. De lo contrario, las comunidades seguirán cargando el peso de una paz incompleta.
