Desde el 16 de enero de 2025, la región del Catatumbo en Norte de Santander —colindante con Venezuela— enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó una ofensiva contra el Frente 33, conformado por disidencias de las FARC-EP, con el objetivo de expulsarlos del territorio.
Dimensiones de la crisis
- Desplazamiento masivo: Los enfrentamientos han provocado que entre 18.000 y más de 50.000 personas huyan de sus hogares.
- Confinamiento y desplazamientos simultáneos: Más de 27.000 personas están confinadas en sus territorios, sin poder moverse, mientras que un número similar ha sido desplazado forzosamente.
- Niñez afectada: Aproximadamente 46.000 niños, niñas y adolescentes no han podido comenzar el año escolar.
- Violencia extrema: Informes de la ONU detallan al menos 60 asesinatos en solo cinco días, además de amenazas, secuestros y confinamientos de comunidades enteras, incluyendo indígenas.
Riesgos adicionales
Las hostilidades incluyen tácticas como la colocación de minas antipersonal y explosivos improvisados. También se registra una presencia creciente de artefactos explosivos en caminos de retorno, lo que pone en peligro la vida de quienes intentan volver.
Reacción del Estado
El presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica y conmoción interior, activando poderes especiales para restaurar la seguridad. Se ordenó el despliegue de miles de tropas adicionales, la creación de un mando militar específico, y se adoptaron subsidios en servicios, expropiación de tierras, y apoyo social para víctimas.
Respuesta internacional
Organismos como ACNUR han subrayado que se trata del mayor desplazamiento masivo por un solo evento en Colombia, impactando más de 52.000 expulsados y cerca de 19.000 confinados. Human Rights Watch denuncia graves abusos, reclutamiento de niños, y responsabiliza al ELN y al Frente 33, llamando al gobierno a diseñar con urgencia una política integral de protección.
