Desde mediados de enero de 2025, la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, fronteriza con Venezuela, enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes. La intensificación de los combates entre guerrillas del ELN y disidencias de las FARC‑EMC, fuerza al desplazamiento masivo y al confinamiento de poblaciones civiles.
Según el Puesto de Mando Unificado (PMU) y registros oficiales, más de 61.000 personas han sido desplazadas, convirtiéndose en el mayor éxodo interno registrado en Colombia desde 1997. Además, más de 12.900 personas se encuentran confinadas, sin poder salir de sus territorios por miedo a la violencia. La Defensoría del Pueblo calcula que alrededor de 77.400 personas han sido impactadas directamente por el conflicto.
En solo una semana entre el 16 y el 23 de enero, se reportaron desplazamientos que superaron los 42.000 habitantes, según datos de la Defensoría del Pueblo, superando las cifras de desplazamiento anual de 2024.
Violencia y violaciones de derechos humanos
Organizaciones como Human Rights Watch han documentado abusos graves contra civiles, incluidos asesinatos de campesinos, reclutamiento forzado de menores, confinamiento y restricción de movilidad impuesta por los grupos armados.
Un informe de la ONU reveló que solo en cinco días hubo al menos 60 asesinatos, más de 18.000 desplazados y 46.000 niños y niñas sin clases debido a la violencia.
Los combates también han sido mortales para líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. Al menos seis han sido asesinados por mantos paramilitares y guerrilleros en municipios como El Tarra y Tibú.
Contexto y desafíos institucionales
Estas confrontaciones armadas se enmarcan en una disputa por el control territorial y económico del narcotráfico. La ruptura de la tregua entre el ELN y disidencias como el Frente 33 a principios de 2025 desató la escalada del conflicto, que ha cobrado al menos 103 vidas en los primeros meses del año.
La presencia estatal en la región es débil, lo que ha permitido que estructuras armadas impongan regímenes de facto, limitando derechos básicos y generando temor en comunidades locales.
Respuesta humanitaria y necesidades urgentes
ACNUR advierte que la región requiere asistencia urgente con albergue, agua potable, alimentos, atención médica, educación y apoyo psicosocial, especialmente para niños, jóvenes y mujeres afectadas por el desplazamiento y confinamiento.
Además, se ha señalado la urgencia de proteger jurídicamente las tierras abandonadas y garantizar retornos seguros si las condiciones lo permiten.
La crisis también genera tensiones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Revelaciones sobre pasos de guerrilleros del ELN por territorio venezolano han provocado acusaciones mutuas y desplegamientos militares fronterizos.
La situación en Catatumbo representa una emergencia humanitaria que desafía no solo al Gobierno colombiano, sino a la comunidad internacional. El desplazamiento masivo y las violaciones constantes de derechos humanos exigen respuestas urgentes y coordinadas. Garantizar la protección de la población civil, detener la violencia y restaurar la presencia institucional en la región es imperativo para evitar que esta tragedia se siga profundizando.
