Bogotá, Colombia – El sistema de salud en Colombia enfrenta su peor crisis en los últimos 30 años, debido a una serie de decisiones gubernamentales y problemas financieros acumulados a lo largo del tiempo. Expertos advierten que el desfinanciamiento estructural ha llevado a un colapso en la prestación de servicios médicos y en la entrega de medicamentos a los pacientes.
La crisis se agudizó tras la intervención de las EPS Sanitas y Nueva EPS en abril de 2024, luego del hundimiento en el Congreso de la reforma a la salud propuesta por el presidente Gustavo Petro. Según el analista Diego Javier Sánchez, esta medida estatizó el sistema de salud, dejando al Gobierno con el control de más del 60% de los afiliados, lo que derivó en improvisaciones y una crisis en la prestación de servicios.
El principal problema financiero radica en las deudas acumuladas por las EPS y en el bajo ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ordenado por el presidente Petro para 2025. Según Ana María Vesga, presidenta de Acemi, el déficit afecta a toda la cadena de actores en el sector y ha generado una siniestralidad del 107%, es decir, por cada $100 recibidos, se gastan $107.
Ignacio Gaitán, presidente del gremio de laboratorios farmacéuticos (Afidro), explicó que en Colombia no hay desabastecimiento de medicamentos, sino un problema financiero que impide su distribución. «Los gestores farmacéuticos enfrentan problemas de cartera con una deuda acumulada de $4 billones, lo que ha afectado la entrega de medicinas a los pacientes», afirmó.
A pesar de las advertencias de expertos, el presidente Petro ha culpado a las EPS y a los gestores de salud por la crisis, llegando incluso a acusarlos de acaparamiento de medicamentos. No obstante, especialistas señalan que la falta de recursos está rompiendo la cadena de distribución, dejando a los pacientes sin tratamientos esenciales.
El panorama es crítico, pues el Gobierno, a través de sus intervenciones, administra actualmente la salud de 29 millones de colombianos, mientras que las EPS intervenidas han sufrido un detrimento patrimonial superior a los $9 billones. La falta de diálogo y la desconfianza entre los actores del sistema agravan aún más la crisis, sin una solución clara en el horizonte.
