Problemas centrales en la crisis de seguridad en Nariño
- Escalada de violencia armada
- Se ha reportado una “arremetida” de estructuras ilegales, en particular del Estado Mayor Central de las FARC, en municipios de Nariño como Leiva, Los Andes Sotomayor, El Peñol y el corregimiento de La Victoria, cercano a la frontera con Ecuador.
- En Leiva, hubo hostigamientos: 20 policías resistieron ataques contra el casco urbano, según reportes.
- Autoridades han pedido refuerzos: se ha planteado la necesidad de regresar pelotones y vehículos que habían sido trasladados a otras zonas.
- Desplazamientos y crisis humanitaria
- En El Charco, municipio de Nariño, la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA) registró unos 1.900 desplazados en menos de un mes debido a enfrentamientos entre grupos armados y la Fuerza Pública.
- Además, escuelas han sido ocupadas por grupos armados, lo que agrava mucho la vulnerabilidad de las comunidades locales.
- Control territorial, narcotráfico y minería ilegal
- Parte de la violencia se explica por el control territorial: los grupos armados ilegales buscan zonas estratégicas para narcotráfico y para el control de rutas ilícitas.
- También hay un uso creciente de la minería ilegal, que muchas veces va de la mano con la violencia: la competencia por recursos (mineros o territoriales) alimenta la disputa entre grupos.
- Respuesta del Estado y medidas de seguridad
- Las autoridades regionales (gobernador, fuerza pública) han convocado consejos de seguridad para diseñar una estrategia conjunta.
- Según el gobernador de Nariño, hay un enfoque en tener una acción táctica y estratégica para proteger a la población civil y contener los grupos armados.
- Se han anunciado refuerzos y recursos: por ejemplo, la policía y el ejército podrían recibir apoyo logístico importante.
- Uso de tecnología: entre las estrategias está el uso de drones y tecnología para mejorar la vigilancia y control.
- Tensión de largo plazo y alertas institucionales
- Ya había alertas tempranas emitidas hace tiempo por la Defensoría del Pueblo, señalando riesgo de enfrentamientos entre disidencias de las FARC en el departamento.
- El ministro de Defensa ha advertido que la crisis de orden público no es algo que se resuelva “de la noche a la mañana”: la situación es estructural y compleja.
- Mejoras y avances parciales
- A pesar de la crisis, el gobernador de Nariño ha reportado reducción en varios indicadores de violencia: homicidios han bajado, reclutamiento de menores se ha reducido drásticamente, y hay menos desplazamientos forzados.
- Se han propuesto incentivos a la comunidad para denunciar delitos: recompensas para personas que entreguen información valiosa sobre grupos armados.
Por qué es preocupante para la población local
Desconfianza: Si las estructuras criminales controlan cada vez más territorio, la legitimidad del Estado se ve amenazada, al igual que la confianza de la población en las autoridades.
Riesgo para civiles: La escalada armada cerca de zonas pobladas pone en peligro la vida de habitantes, obliga a desplazamientos y genera confinamientos (gente que no puede moverse con seguridad).
Desgaste institucional: Aunque hay refuerzos, la capacidad del Estado para sostener la seguridad en todo el territorio es limitada, sobre todo por la geografía y la dispersión de los grupos armados.
Impacto social: Las comunidades afectadas sufren no solo la violencia, sino la ruptura social: desplazamiento, trauma, interrupción de educación (por escuelas ocupadas), entre otros.
