Comerciantes del Gran San, tradicional e importante bastión comercial ubicado en el sector de San Victorino en Bogotá, enfrentan una crisis financiera debido al aumento significativo del avalúo catastral de sus predios, que ha generado que muchos se vean obligados a vender sus locales hasta un 30% por debajo del valor catastral para evitar mayores pérdidas. Según el concejal Rolando González, este fenómeno responde a la actualización de los avalúos catastrales que, entre 2019 y 2025, aumentaron el valor promedio del metro cuadrado de $25’265.464 a $48’560.589, cifra que ha ahogado la capacidad de emprendimiento y ha impactado negativamente al comercio formal de la zona durante varios años.
El concejal citó en un debate político a la directora de la Unidad de Catastro y a los secretarios de Hacienda, Desarrollo Económico y Planeación, para denunciar que el incremento en los avalúos ha sido desproporcionado y afecta principalmente a un sector en el que el 92% de los locales comerciales se dedica a la venta de ropa, y el 70% de la mercancía es producida por los propios comerciantes. Este sector genera alrededor de 11 mil millones de pesos anuales en impuestos prediales para la ciudad.
La problemática se agrava porque las condiciones del entorno no acompañan los altos valores del avalúo; problemas como la precariedad en la movilidad, el mal estado de las vías, la inseguridad y la competencia con el comercio informal dificultan la actividad comercial y hacen que la zona sea poco atractiva para inversiones inmobiliarias. Esto ha llevado a una presión financiera insoportable para muchos dueños de locales, quienes, para salvaguardar su patrimonio, optan por vender por debajo del avalúo catastral, lo que refleja una desconexión entre la política catastral y la realidad socioeconómica del Gran San.
El concejal González propuso que para 2026 se implemente una metodología catastral propia para este tipo de comercio mayorista, dado que no es comparable con grandes superficies comerciales y tiene una vocación social diferente. Además, pidió un censo económico y social actualizado para este sector, ya que el último estudio data de 2017, y la elaboración de un documento CONPES distrital que establezca una política pública que respalde a estos comerciantes.
El ambiente para los comerciantes del Gran San también se ha visto afectado por la competencia con el contrabando y la informalidad, lo que, junto con los altos impuestos prediales, crea un entorno de negocios cada vez más complicado. En años recientes, se ha denunciado que, pese a la importancia económica y laboral del sector, la administración distrital ha priorizado la ocupación del espacio público por ventas informales en detrimento de los derechos del comercio formal.
Este conflicto refleja tensiones profundas en la administración tributaria y urbana de Bogotá, con consecuencias directas para miles de comerciantes y para la dinámica económica del centro de la capital colombiana, que cuenta con más de 10,000 empleos generados en la zona del Gran San. La situación sigue siendo objeto de debate y movilización, con demandas claras de ajustes técnicos y sociales para hacer viables los negocios formales en el sector.
