La Supersalud tomó posesión de la USI de Ibagué en medio de la llegada de Edilma Hurtado.
Las instalaciones del hospital San Francisco, principal sede de la Unidad de Salud de Ibagué (USI), amanecieron este martes bajo una tensa calma tras la repentina llegada de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud, quienes ingresaron con chalecos verdes y documentos en mano para tomar posesión administrativa de la entidad. La acción, ejecutada sin previo aviso, generó preocupación entre pacientes, familiares y personal asistencial, que observaban el movimiento inusual en las oficinas de gerencia, donde se realizaban reuniones a puerta cerrada encabezadas por la nueva agente interventora, Edilma Isabel Hurtado Cardona, exsecretaria de Salud del Tolima.
Según fuentes internas, la orden de intervención fue emitida desde el nivel nacional y responde a una acumulación de fallas graves dentro de la operación hospitalaria, fallas que –según se conoció después– venían siendo advertidas desde hace varios años. El hermetismo inicial solo aumentó la incertidumbre, pues la USI es responsable de buena parte de las emergencias médicas que se atienden a diario en la ciudad.
Horas más tarde, la Superintendencia rompió el silencio y confirmó que la intervención se extenderá durante un año, justificando la medida en la existencia de deficiencias asistenciales, administrativas, jurídicas y financieras que ponían en riesgo directo la seguridad del paciente. Auditorías y visitas durante 2023, 2024 y 2025 habían revelado un deterioro progresivo en la calidad del servicio, afectando atención en urgencias, consulta externa, farmacia y programas materno-infantiles.
La Supersalud también denunció irregularidades en la gestión del talento humano, incumplimientos en pagos de salarios, fallas en prácticas seguras, problemas de inventarios, retrasos en mantenimiento hospitalario y vulneraciones reiteradas a normas del Sistema General de Seguridad Social. Como consecuencia, fueron removidos la gerente y todos los miembros de la Junta Directiva.
La agente especial interventora deberá presentar en un plazo máximo de 30 días un plan de acción que permita corregir las fallas detectadas. Entre las órdenes impartidas se encuentran restablecer la calidad asistencial, garantizar personal suficiente, regularizar información del REPS, mejorar la facturación, depurar cuentas, asegurar infraestructura digna y recuperar la gobernanza institucional.
Mientras tanto, la Alcaldía de Ibagué emitió un mensaje de calma a la comunidad, asegurando que los servicios continúan operando con normalidad. Sin embargo, el ambiente en la sede San Francisco sigue cargado de expectativa mientras avanza la vigilancia institucional.
