El presidente Gustavo Petro enfrenta duras críticas por la precaria situación de las madres comunitarias y los niños bajo su cuidado en el marco del Programa del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Durante el 2024, las madres comunitarias, quienes desempeñan un papel fundamental en la atención de más de 500 mil niños vulnerables, vivieron un año de constante incertidumbre por los retrasos en los pagos, contratos a corto plazo y presiones administrativas.
Contexto
Sin embargo, el problema ha escalado en esta temporada decembrina. Por primera vez en la historia de la institución, no se entregó la canasta alimentaria destinada a garantizar la nutrición de los niños durante las vacaciones, un apoyo esencial que tradicionalmente les permite suplir la ausencia de los servicios de los jardines comunitarios. Estas canastas, cuyo costo es de apenas $70.000 por niño, representan una ayuda crucial para miles de familias en condiciones de vulnerabilidad.
Rechazo
Ante esta situación, el concejal de Bogotá, Óscar Ramírez Vahos, reconocido defensor de los derechos de las madres comunitarias, expresó su rechazo:
“Petro no tiene corazón, es un mal ser humano. No le bastó con dejar a miles de madres comunitarias sin salario en esta Navidad, sino que ahora dejó a más de medio millón de niños sin su ración vacacional. Estas canastas alimentarias son fundamentales, y hoy, esos niños están como las madres comunitarias que los atienden: desprotegidos, sin ayuda oficial y en riesgo de hambre”.
El concejal también cuestionó la falta de voluntad política para asignar los $74.500 necesarios para cada mercado. Según sus palabras, este abandono institucional evidencia un desprecio por los más vulnerables y tendrá consecuencias graves, como el aumento de la desnutrición infantil.
La omisión del ICBF y el Ministerio de Hacienda ha suscitado un fuerte rechazo social, con críticas directas a Petro y su administración por no priorizar a los sectores más vulnerables. En un contexto en el que la desnutrición infantil sigue siendo un desafío nacional, la ausencia de estas raciones alimentarias subraya un problema profundo de gestión y compromiso estatal. El impacto de esta decisión no solo afecta a los niños y madres comunitarias, sino que también pone en tela de juicio la viabilidad del cambio prometido por Petro.
