El país atraviesa una de las mayores tormentas políticas de su historia reciente. El presidente Rodrigo Chaves lanzó una denuncia explosiva: está siendo víctima de un “intento de golpe de Estado judicial” orquestado —según él— por la “casta putrefacta” que domina las élites políticas y judiciales del país.
La declaración del mandatario, de 64 años, estremeció al Congreso y encendió las redes sociales, mientras enfrenta un proceso histórico: por primera vez, un presidente costarricense podría perder su inmunidad presidencial y quedar expuesto a un juicio por corrupción.
El caso que puede cambiar la historia
La Fiscalía General acusa a Chaves de concusión —un delito grave de abuso de poder— por presuntamente presionar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia para entregar 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen, Federico Cruz.
Los fondos provendrían del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y, según los investigadores, la contratación se habría hecho mediante un procedimiento irregular. De ser hallado culpable, Chaves podría enfrentar hasta ocho años de cárcel.
El 1 de julio, la Corte Suprema aprobó, con 15 votos a favor y 7 en contra, remitir la solicitud de levantamiento de inmunidad al Congreso, donde la oposición controla la mayoría. La decisión final recaerá sobre el pleno de la Asamblea Legislativa, que debe votar si Chaves será o no procesado penalmente.
“Esto es un golpe de Estado”
Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria, Chaves estalló contra el sistema judicial y lanzó durísimas acusaciones:
“Estoy aquí, de frente, porque estoy enfrentando literalmente un golpe de Estado judicial. Este caso es un montaje lleno de mentiras, impulsado por un fiscal incompetente al servicio de una élite corrupta que busca silenciarme”, declaró el mandatario visiblemente alterado.
Chaves denunció una “venganza política” por parte de la clase dirigente, a la que tildó de “casta putrefacta”. Según él, lo persiguen por “atreverse a denunciar al Estado profundo” y por intentar romper los pactos de poder que, asegura, han secuestrado al país durante décadas.
La defensa: “No hay pruebas sólidas”
El abogado de Chaves, José Villalobos, calificó la acusación como “insostenible” y pidió al Congreso no dejarse manipular:
“No hay motivo suficiente ni base legal para levantar la inmunidad. Este expediente no cumple con los requisitos mínimos para recomendar el desafuero del presidente”.
Cuenta regresiva y tensión máxima
La comisión legislativa tiene plazo hasta el 28 de agosto para emitir su informe sobre si recomienda o no levantar los fueros de Chaves. Sin embargo, podría extenderse 20 días adicionales si lo considera necesario.
Mientras tanto, el ambiente político está al rojo vivo: la crisis ha polarizado al país, ha generado protestas en las calles y ha disparado la confrontación entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y la oposición en el Congreso.
No es el único escándalo
Además de este proceso, Rodrigo Chaves enfrenta otras investigaciones por:
- Financiamiento irregular en su campaña presidencial.
- Interferencia indebida en la contienda electoral para los comicios de 2026.
Por ley, el mandatario no puede reelegirse consecutivamente, pero ha anunciado que busca garantizar que su partido obtenga una mayoría calificada en las próximas elecciones para impulsar reformas profundas en Costa Rica.
Costa Rica, en jaque
Este caso podría redefinir el futuro político del país. Si el Congreso aprueba el desafuero, Chaves podría convertirse en el primer presidente costarricense en la historia moderna en enfrentar un juicio penal mientras ocupa el cargo.
La crisis ya ha dividido a la nación entre quienes ven en Chaves a un líder que combate al sistema y quienes lo consideran un populista autoritario que amenaza la democracia.
