La Industria Licorera del Cauca (ILC), una de las empresas más emblemáticas del departamento, atraviesa una crisis institucional que ha encendido alarmas entre la ciudadanía y los organismos de control. Un reciente informe de la Contraloría General del Cauca reveló hallazgos por más de $3.652 millones, que incluyen presuntas irregularidades fiscales, disciplinarias, penales y administrativas.
La denuncia ciudadana, respaldada por el ente de control, detalla hechos como la comercialización de licor sin cumplir los requisitos legales de exportación, ausencia de registro sanitario vigente, etiquetado no autorizado, contratos sin respaldo presupuestal y hasta hurtos internos atribuibles a fallas en las medidas de seguridad.
Pese a la gravedad de estos hallazgos, voces críticas señalan que el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, no se ha pronunciado públicamente ni ha anunciado medidas administrativas concretas. Este silencio ha sido calificado como “cómplice” por algunos sectores, que exigen acciones inmediatas para frenar el deterioro de la empresa y proteger el patrimonio público.
La Contraloría, por su parte, informó que ya remitió el caso a la Fiscalía y a la Procuraduría, además de iniciar los procesos fiscales correspondientes. Sin embargo, analistas y líderes de opinión insisten en que estas actuaciones deben complementarse con decisiones de fondo por parte de la administración departamental.
El periódico El Mensaje publicó un editorial titulado “La fuerza de la corrupción y el silencio del gobernador”, en el que advierte que, de no corregirse el rumbo, la ILC podría fracasar no por la calidad de sus productos ni por el trabajo de sus empleados, sino por una gestión caracterizada por la negligencia y el clientelismo. Según el editorial, esta situación amenaza directamente las rentas que financian sectores clave como la salud, la educación y el deporte, además de la estabilidad laboral de numerosos caucanos.
La advertencia es clara: si la empresa no logra competir en el mercado nacional bajo condiciones transparentes y legales, perderá su capacidad de generar ingresos para el departamento. Y en ese escenario, el costo no solo se medirá en cifras económicas, sino también en la confianza ciudadana hacia las instituciones.
Organizaciones sociales, gremiales y ciudadanos coinciden en que la prioridad debe ser una depuración interna inmediata, sanciones ejemplares y la construcción de un modelo de gestión que garantice transparencia, eficiencia y competitividad. El futuro de la Licorera y con ella, de una parte esencial de la economía caucana depende de que las autoridades actúen con firmeza y sin más dilaciones.
