La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional para intervenir en Jamundí. Sin embargo, su mensaje refleja más impotencia que liderazgo frente a una crisis que se agrava cada día.
En efecto, la situación de orden público en la zona alta del municipio es crítica. Los secuestros, las desapariciones forzadas, la invasión de predios y los atentados con granadas han convertido el territorio en un escenario dominado por la violencia. Además, el miedo se ha instalado en las comunidades, limitando su vida cotidiana y su desarrollo.
Por otra parte, Toro propone una operación militar y social similar a la realizada en El Plateado. No obstante, el problema no se reduce al despliegue de tropas. En realidad, radica en la incapacidad histórica del Estado colombiano para ejercer un control territorial efectivo. Mientras tanto, las comunidades permanecen atrapadas entre economías ilícitas y la falta de alternativas sostenibles.
Asimismo, el diagnóstico es contundente: Jamundí está bajo influencia de grupos armados y la institucionalidad no logra recuperar el terreno perdido. Aunque la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea hacen presencia, sus capacidades resultan insuficientes para frenar la expansión de la violencia. En contraste, el Gobierno Nacional mantiene una postura distante, ofreciendo respuestas limitadas ante una crisis que supera el ámbito local.
En consecuencia, la crítica es inevitable. Ni la Gobernación ni el Gobierno central han presentado una estrategia integral que articule seguridad, justicia y desarrollo. Por ello, Jamundí no necesita más discursos ni promesas, sino acciones concretas y sostenidas en el tiempo.
Finalmente, cada día sin intervención efectiva implica más vidas en riesgo, más familias desplazadas y mayor control de la ilegalidad sobre el territorio. Así, el llamado de Toro no debe interpretarse solo como un gesto político, sino como una señal clara de un Estado que ha permitido el avance de la violencia hasta un punto crítico.
