La situación del sistema de salud en Colombia se agrava. Un grupo de médicos y sociedades científicas ha lanzado una alerta contundente sobre la «insuficiencia» de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que se asigna a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para cubrir los gastos de atención de los afiliados.
En un comunicado conjunto, las organizaciones médicas señalan que, a pesar de los anuncios del Gobierno, la crisis no ha mejorado. «Pasados nueve meses del Auto 007, la crisis no da más espera. No se han generado mecanismos que garanticen los tratamientos integrales a los enfermos ni la protección del derecho a la salud», subraya el documento.
La UPC es la clave del sistema. Si su valor no alcanza para cubrir los costos de los servicios de salud, las EPS se desfinancian y esto tiene un efecto dominó que afecta a toda la cadena, desde los pagos a los hospitales y clínicas hasta la disponibilidad de medicamentos y la atención a los pacientes. La preocupación se centra en que esta situación ponga en riesgo la calidad y la continuidad de los servicios de salud para millones de colombianos.
Este llamado a la acción se suma a las tensiones recientes en el sector de la salud, donde las EPS han manifestado abiertamente sus problemas financieros y el Gobierno ha insistido en la necesidad de reformar el sistema. Mientras las mesas de diálogo entre el Ministerio de Salud y los actores del sector continúan, los profesionales y científicos de la salud recalcan que la situación es crítica y que se necesitan soluciones inmediatas para evitar un colapso.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma busca fortalecer la atención primaria y garantizar un sistema más equitativo. Sin embargo, los médicos y sociedades científicas advierten que, sin una financiación adecuada, cualquier reforma estará condenada al fracaso y serán los pacientes quienes paguen las consecuencias.
Esta noticia continuará en desarrollo mientras las autoridades y los representantes del sector buscan un acuerdo que permita estabilizar la crisis financiera y garantizar el derecho fundamental a la salud.
