El conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo en el sur del departamento de Bolívar, Colombia, se ha intensificado en las últimas semanas, dejando al menos cinco mil personas confinadas y causando víctimas mortales y heridos entre militares. En respuesta a esta situación crítica, el gobierno nacional ordenó el despliegue de diez pelotones de soldados para reforzar la presencia militar en la región y enfrentar a los cerca de 600 combatientes armados de ambos grupos ilegales. Esta medida, coordinada por el Mayor General Juan Carlos Correa Consuegra, subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, incluye además el fortalecimiento de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, así como el uso de tecnología avanzada y nuevas tácticas ofensivas, dirigidas también a erradicar la explotación ilícita de yacimientos mineros, principal fuente de financiación de los grupos armados.
La violencia recrudecida desde hace 18 días afecta especialmente a municipios como Santa Rosa del Sur y Montecristo, donde las comunidades rurales se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado sin acceso a alimentos, servicios básicos ni transporte, situación denunciada por la Defensoría del Pueblo y organizaciones humanitarias. Además, se reportan secuestros y múltiples vulneraciones a los derechos humanos, que agravan la crisis humanitaria en esta zona selvática del Caribe colombiano. El conflicto por el control de las rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas es el origen de esta guerra que ha hecho que la presencia estatal se vea debilitada frente a la creciente capacidad de fuego y organización de los grupos armados.
Desde el alto mando militar se ha enfatizado la necesidad de una ofensiva contundente para proteger a la población civil y dificultar las operaciones ilegales que financian esta violencia. La oposición armada también ha utilizado drones y otros recursos para atacar a las tropas gubernamentales, complicando la situación. Organizaciones sociales y autoridades locales han pedido la intervención urgente del Estado para garantizar la seguridad y permitir el acceso a ayuda humanitaria en la región, que enfrenta una de las peores crisis de desplazamiento y confinamiento en Colombia durante 2025.