Desde el 27 de agosto, Nariño cambió su modelo de abastecimiento de combustibles, pasando de la planta de Yumbo (Valle del Cauca) a Tumaco, lo que ha generado controversia. La decisión, tomada sin inversión en infraestructura vial ni en seguridad, ha aumentado la preocupación entre distribuidores y habitantes de la región.
Alonso Villasis, distribuidor mayorista de Ipiales, advierte que la medida afecta la economía local. La distancia de 220 kilómetros entre Ipiales y Tumaco, sumada a los problemas de orden público, incrementa los costos logísticos. Según Villasis, Tumaco se presenta como una «solución impuesta» sin condiciones que aseguren su efectividad a largo plazo.
Héctor Taticuan López, presidente de Adiconar, también ha expresado su preocupación por la falta de planificación del gobierno. Según Taticuan, la medida no solo incrementa los costos de transporte, sino que centraliza aún más el suministro, debilitando a los municipios fronterizos como Ipiales y Cumbal, que han sido históricamente los más afectados por la crisis.
La ciudad de Ipiales, que históricamente ha dependido de un suministro diferenciado por su situación fronteriza, enfrenta un desabastecimiento cada vez mayor. Aunque las estaciones de servicio reciben 700 mil galones mensuales, este volumen se agota rápidamente, dejando a la ciudad sin combustible antes de que termine el mes. Los distribuidores han solicitado 200 mil galones adicionales, pero aseguran que el déficit real supera los 500 mil galones.
Este desabastecimiento ha provocado un aumento del contrabando de gasolina, que genera ganancias millonarias para actores ilegales. Los puntos de venta de contrabando se multiplican, como la vía Perimetral y El Charco, donde la gasolina se vende a un precio inferior al de las estaciones legales.
A su vez, el precio del diésel en Tumaco es más caro, lo que eleva aún más los costos para los consumidores de Ipiales, donde el precio de la gasolina se ubica en $16.900 por galón. A esta situación se suma el aumento de los precios en Ecuador, lo que reconfigura el contrabando hacia el mercado interno.
La medida de centralizar el abastecimiento en Tumaco ignora las necesidades históricas de Nariño, que ha dependido de subsidios y excepciones debido a su ubicación geográfica. Los expertos señalan que sin una inversión significativa en infraestructura y seguridad, la medida solo agravará la situación económica y fortalecerá la ilegalidad en la región.
