Alias Iván Mordisco fue señalado en la denuncia de internos del pabellón
indígena N.° 4 de San Isidro.
Los reclusos afirman que existe una red de drogas y un sistema de
intimidación al interior del pabellón.
Un grupo de internos del pabellón especial indígena N.° 4 de la Cárcel y
Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad San Isidro, en Popayán, emitió una
denuncia pública en la que advierten sobre la grave situación de violencia,
intimidación y control ilegal que estarían ejerciendo estructuras narcocriminales al
interior de ese espacio penitenciario.
Presencia de desmovilizados
Según el documento, desde diciembre de 2024 se registra la presencia de
desmovilizados que serían integrantes del Bloque Jacobo Arenas, vinculados a las
disidencias de las FARC bajo el mando de alias “Iván Mordisco”. De acuerdo con las
acusaciones, estas personas instauraron un sistema de maltrato físico y verbal,
acompañado de robos y humillaciones contra los demás internos.
La denuncia agrega que en el pabellón se habría consolidado una red de
distribución y consumo de estupefacientes, incluyendo marihuana, perico y bazuco.
Esta situación estaría afectando gravemente los procesos de resocialización y
vulnerando los principios culturales de los pueblos indígenas recluidos en el lugar.
Los internos sostienen que estas estructuras ilegales replican dentro de la cárcel las
mismas prácticas de miedo y sometimiento que históricamente se han vivido en los
territorios indígenas del Cauca. Además, advierten que algunos reclusos estarían
siendo utilizados como supuestos “presos políticos”, aunque, según el comunicado,
se trataría simplemente de “vagos y holgazanes”.
El ambiente, aseguran los denunciantes, se ha transformado en un escenario de
intimidación permanente, donde se impone la obediencia a las órdenes de quienes
controlan el pabellón. Esto, señalan, atenta contra los principios de convivencia,
estudio y resocialización que caracterizan a los pueblos indígenas.
Frente a este panorama, los denunciantes hicieron un llamado urgente a las
autoridades judiciales y penitenciarias, así como a organismos de derechos
humanos y al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), para que intervengan
de manera inmediata y garanticen condiciones dignas y seguras dentro del pabellón
especial indígena.
Las denuncias señalan a Claudia Alejandra Suárez Urrego, directora de la
penitenciaría, y a las directivas de la Unidad De Servicios Penitenciarios y
Carcelarios -USPEC, como responsables de la falta de gestión para resolver esta
crisis.
El comunicado, fechado en septiembre de 2025, cierra con una consigna
contundente: “Por la vida, la paz, la dignidad y la justicia”. La denuncia refleja la
magnitud de la crisis que atraviesa la cárcel San Isidro y la necesidad de acciones
inmediatas frente a las acusaciones de control criminal al interior del establecimiento
penitenciario.
Pie de página: Claudia Alejandra Suárez Urrego, directora.
