La Contraloría General de la República advirtió que a partir de septiembre de 2025, más de 3,5 millones de estudiantes podrían quedarse sin el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) si no se asignan con urgencia 500.000 millones de pesos (aproximadamente USD 125 millones) a las 53 de las 97 Entidades Territoriales Certificadas a cargo del programa.
El déficit presupuestal representa un riesgo real que podría dejar sin su única comida diaria a niños en regiones vulnerables como La Guajira, Chocó, Tolima y Buenaventura .
Voces institucionales
- El Ministerio de Educación, a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), informó que ya se han girado 1,85 billones de pesos, equivalentes al 86 % de los recursos previstos para 2025. Indicó que el 100 % se completará durante este mes, garantizando la continuidad del programa .
- No obstante, la Contraloría insiste en que sin la adición presupuestal solicitada al Ministerio de Hacienda, el PAE corre alto riesgo de suspensión, lo que comprometería no solo la seguridad alimentaria, sino también la permanencia educativa de millones de estudiantes .
- En respuesta, la Contraloría ha llamado al Gobierno, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación y a las entidades territoriales a actuar de forma urgente y coordinada para evitar la suspensión del programa.
Panorama geográfico y desigualdad
- Existen marcadas desigualdades: Bogotá financia el 98 % del costo del PAE, mientras el Tolima apenas puede cubrir el 25 %, aunque no es una región extremadamente pobre.
- Departamentos históricamente desfinanciados como La Guajira, Chocó o Buenaventura podrían ver interrumpido el servicio completo en semanas si no se actúa con rapidez.
- En algunos municipios priorizados, el gobierno ya está entregando canastas alimentarias en el marco del PAE en Receso Escolar, pero esto no sustituye la alimentación diaria en el colegio.
Retos estructurales
- La crisis actual se explora más allá del déficit presupuestal; también hay problemas estructurales como baja cofinanciación territorial, burocracia compleja y debilidad administrativa en algunas entidades jurisdiccionales.
- El contralor delegado hizo un llamado a reforzar la economía territorial y permitir mayor ejecución a las asociaciones de padres para reducir costos y garantizar universalidad del programa.
