El Ministerio de Justicia tiene listo el borrador de un proyecto que presentará al Congreso para avanzar en su apuesta de ‘paz total’. La iniciativa contempla beneficios penales para grupos armados, narcotraficantes, reincidentes e incluso para quienes ya habían sido excluidos de procesos anteriores. Criminales: proyecto de ‘Paz Total’ plantea penas reducidas y libertad condicional.
El documento de 51 artículos propone modificar la Ley de Justicia y Paz de 2005. De aprobarse, permitiría penas reducidas a miembros de estructuras criminales, incluyendo jefes de bandas del Clan del Golfo, disidentes de las FARC y capos urbanos del Valle de Aburrá.
Nuevas penas y condiciones para el sometimiento
La propuesta plantea penas alternativas de 5 a 8 años para líderes criminales responsables de delitos graves. Los integrantes sin poder de decisión recibirían entre 2 y 5 años. Para los reincidentes que regresaron al crimen, como ‘Iván Márquez’, las penas irían de 8 a 10 años.
Las condiciones para acceder al beneficio incluyen:
- Desmovilización
- Entrega de armas y bienes (se les permitiría conservar el 12%)
- Liberación de menores reclutados
- Declaración ante la justicia y compromiso con la verdad
Los postulados podrían cumplir sus condenas en colonias agrícolas o centros de armonización en lugar de cárceles tradicionales.
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Controversia y oposición política y jurídica
El anuncio ya genera fuertes reacciones en distintos sectores. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, calificó la propuesta como “una burla a la justicia”. Desde el Centro Democrático y Cambio Radical también alertaron sobre el riesgo de impunidad y el debilitamiento del sistema penal.
Expertos en derecho penal advierten que el borrador vulnera principios como la legalidad, la reparación a las víctimas y el estándar internacional de justicia transicional. Aún así, el Gobierno busca presentarlo tras el 20 de julio, en la última legislatura del actual Congreso.
La propuesta también contempla beneficios para miembros de la llamada “primera línea”, condenados por hechos relacionados con la protesta social, lo que añade más polémica en un momento político sensible para el Gobierno.
