“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”.
Esta estremecedora declaración resume el tono del más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado por Naciones Unidas el 3 de abril. El documento denuncia que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad contra su propia población.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y persecución sistemática forman parte del patrón de represión identificado por los expertos. Según el informe, estas acciones no son casos aislados, sino parte de una política de Estado destinada a silenciar cualquier forma de disidencia. “El Estado persigue a su propia gente”, concluye el texto, y subraya que estas prácticas se enmarcan dentro de lo que el derecho internacional clasifica como crímenes de lesa humanidad.
“El informe es un llamado de alerta urgente para la comunidad internacional”, declaró Jan-Michael Simon, abogado y presidente del grupo investigador, en una entrevista con BBC Mundo. La responsabilidad de actuar, insiste, ya no puede seguir siendo postergada.
El informe también señala con nombres y apellidos a 54 personas presuntamente responsables de esta represión generalizada. En la lista figuran altos funcionarios del gobierno, miembros de las fuerzas de seguridad e incluso figuras de la sociedad civil que habrían colaborado con el aparato represivo.
Lejos de ser una denuncia más, este informe es una evidencia contundente del nivel de brutalidad institucionalizado en Nicaragua, y un clamor para que la comunidad internacional tome medidas firmes ante un régimen que, según la ONU, ha cruzado todos los límites del respeto a los derechos humanos.
