CRIMEN DE LESA HUMANIDAD EN LA VEREDA LOS TIGRES

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Un nuevo hecho de violencia golpea al Cauca: 45 soldados fueron secuestrados en la vereda Los Tigres, zona rural de El Tambo, durante una acción en la que habrían intervenido cerca de 600 personas. La retención, atribuida a las disidencias de las Farc al mando de alias Mordisco, se convirtió en una de las más graves afectaciones recientes contra la Fuerza Pública en esta región del país.

Frente a esta situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, exigió la liberación inmediata de los militares y reclamó que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia. “Exigimos la liberación inmediata: 45 héroes de la patria secuestrados en El Tambo, Cauca”, expresó al rechazar de manera categórica lo ocurrido.

De acuerdo con el alto funcionario, la retención constituye un delito de gran magnitud, no solo por la participación directa de quienes impidieron la labor de las tropas, sino también por las amenazas y presiones ejercidas contra la comunidad por parte de estructuras ilegales vinculadas al narcotráfico.

Sánchez recalcó que lo sucedido representa una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y constituye un crimen de lesa humanidad, una conducta que no prescribe y que será perseguida tanto por la justicia nacional como por instancias internacionales.

Las autoridades indicaron que ya se adelanta, con apoyo de la misma comunidad, un proceso de identificación de las personas que participaron en la retención, con el fin de individualizarlas y judicializarlas.

El Ministerio de Defensa reiteró que la Fuerza Pública continuará en la zona, con el doble propósito de acompañar los procesos de sustitución de economías ilícitas y avanzar en la desarticulación de los grupos criminales que operan en el departamento, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Por último, la cartera aseguró que se están llevando a cabo todas las gestiones necesarias para proteger los derechos de los uniformados y lograr su pronta liberación. El Gobierno insiste en que este tipo de hechos no quedarán en la impunidad y que los autores deberán responder por sus acciones ante la justicia.


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