Existen dudas sobre si Julián Ramírez conoce detalles de postulación a cargo de la alcaldía.
Una denuncia anónima sacudió a la Alcaldía de Alvarado tras revelar presuntas irregularidades en un proceso interno sensible. El señalamiento apunta a una joven abogada contratista que, según versiones recibidas en medios de comunicación, habría intervenido en decisiones que terminarían beneficiándola. La situación despertó alertas por posible conflicto de interés y por la forma como se habrían organizado las evaluaciones. Aunque no existe confirmación oficial, el caso ya genera ruido político y preocupación ciudadana por la transparencia administrativa local.
La información conocida indica que la abogada, de 25 años, mantiene vínculo contractual activo con la Administración municipal. Sus tareas incluyen elaboración de decretos, apoyo jurídico a la Secretaría de Gobierno y atención de reclamaciones. La denuncia sugiere que habría participado en la redacción de un decreto que abrió camino para su propia aspiración a un cargo de control interno, un escenario que, de comprobarse, vulneraría principios básicos de imparcialidad. También se advierte que la supervisora de su contrato haría parte del grupo encargado de revisar hojas de vida, reduciendo la separación de roles exigida.
El comité evaluador, integrado por la secretaria de Gobierno y una psicóloga institucional, es señalado de diseñar un mecanismo que habría descartado a otros perfiles para favorecer a una contratista cercana. Voces críticas hablan incluso de un posible hecho reprochable para la Función Pública. A ello se suma el cuestionamiento por la experiencia acreditada: se mencionan treinta y seis meses en control interno, pese a que la trayectoria profesional conocida se concentra en labores jurídicas generales.
Hasta ahora no hay pronunciamiento oficial que confirme o descarte los señalamientos. Fuentes locales plantean inquietudes sobre si el alcalde Julián Ramírez conoce con detalle el desarrollo del proceso. La ausencia del mandatario en el comité alimentó versiones según las cuales podrían estar intentando “meterle un mico” al despacho principal. Desde el Gobierno Municipal se guarda reserva, mientras se insiste en la presunción de inocencia.
El episodio reabre el debate sobre controles, méritos y vigilancia ciudadana en entidades territoriales pequeñas. Organizaciones y líderes piden investigaciones serias para aclarar los hechos y fortalecer la confianza. También advierten que situaciones similares podrían repetirse en otros municipios si no se refuerzan reglas claras. Por ahora, la comunidad espera resultados verificables que despejen dudas y garanticen procesos justos para recuperar credibilidad institucional y exigir veeduría permanente ciudadana.
