Una de las obras más emblemáticas por su fracaso durante el mandato de Andrés Hurtado, el llamado “puente elevado de la calle 60 con carrera Quinta”, vuelve a ocupar titulares. No por su ejecución -pues jamás comenzó- sino por el alto costo que hoy implica defender al Municipio en los litigios judiciales que dejó ese contrato inconcluso.
La alcaldía de Johana Aranda contrató al abogado bogotano Francisco Javier Perdomo Chaves por $21 millones mensuales durante ocho meses, sumando un total de $168 millones pagados con recursos públicos. Perdomo asumirá la representación judicial y extrajudicial del Municipio en las controversias legales relacionadas con los contratos 1312 y 1313 de 2023, suscritos para dicha obra.
El contrato con Perdomo no solo genera preguntas por su valor, sino por el contexto político: Aranda, heredera del proyecto político de Andrés Hurtado, mantiene en su administración a varios funcionarios que participaron directamente en la estructuración técnica y jurídica del fallido puente. Es decir, los mismos asesores que avalaron la contratación original hoy ayudan a defender sus consecuencias.
Mientras tanto, el Consorcio Puente Carrera 5, integrado por los empresarios Roberto José Gutiérrez, Olaguer Agudelo Prieto y la firma Megaobras Infraestructura S.A.S., exige una indemnización de $58.000 millones, luego de que el contrato fuera declarado incumplido por el Municipio.
De acuerdo con el contrato firmado, Francisco Perdomo deberá: representar judicial y extrajudicialmente al Municipio en litigios derivados de los contratos del puente, contestar derechos de petición relacionados con esos procesos, elaborar actos administrativos requeridos por la Oficina Jurídica y atender las instrucciones de la supervisión contractual.
La administración sostiene que se trata de una defensa necesaria ante un pleito complejo y costoso. Sin embargo, la contratación externa contrasta con el hecho de que los funcionarios implicados siguen vinculados a la Alcaldía, sin que se hayan aclarado sus responsabilidades ni adoptado correctivos institucionales.
Mientras la infraestructura prometida nunca se materializó, el dinero sigue fluyendo: primero en pagos anticipados, luego en demandas, y ahora en abogados costosos. La ciudadanía, ajena a los contratos, es la que termina asumiendo el costo del desastre técnico y jurídico de la administración pasada, sin que aún haya responsables claros.
