La Secretaría de Medio Ambiente de Neiva presentó un análisis técnico que permite dimensionar, con cifras claras, cuánto le costaría al municipio implementar el Programa de Mínimo Vital de Agua, una obligación establecida por el Decreto 776 de 2025 y que hoy concentra la atención del Concejo, la Administración y los organismos de control.
Durante la sesión, el secretario Andrés Felipe Buitrago Vargas expuso los cálculos preliminares que servirán como insumo para la hoja de ruta que se construye de manera interinstitucional. Según el funcionario, en Neiva existen 201.047 personas clasificadas en Sisbén A y B, población prioritaria dentro de los criterios de vulnerabilidad definidos por la norma. Si a este grupo se le garantizaran los 50 litros diarios por persona, el municipio tendría que disponer 10.052 metros cúbicos de agua al día. Con el valor actual del metro cúbico, esto representaría $563 millones mensuales, lo que equivale a $6.756 millones al año, una cifra considerable que deberá ser evaluada dentro de la capacidad presupuestal del municipio.
Focalización
Buitrago aclaró que, en caso de optar por una focalización más estricta —por ejemplo, solo la población del Sisbén A, compuesta por 98.170 personas— el costo se reduciría a $3.299 millones anuales, lo que abre la puerta a escenarios graduales o escalonados para su implementación. El secretario también recordó que el municipio ya arrastra cargas financieras relacionadas con el servicio de agua. Solo en 2024, Neiva destinó más de $3.459 millones en subsidios y apoyos a acueductos comunitarios rurales, además de inversiones en infraestructura como el alcantarillado del centro poblado San Antonio.
Reto financiero
Buitrago insistió en que cualquier decisión deberá considerar la sostenibilidad fiscal y, sobre todo, el marco legal. Para poner en marcha el Programa de Mínimo Vital, se requiere un acto administrativo del Concejo Municipal, tal como lo establece el Artículo 313 de la Constitución. Solo entonces podrán autorizarse recursos, definir beneficiarios y ajustar los planes de desarrollo.
El análisis presentado demuestra que garantizar el acceso al agua como derecho fundamental no solo es un imperativo social, sino también un desafío financiero que exigirá coordinación, planeación y decisiones políticas de fondo.
